Pese a que desde hace algunos meses luce como una tarea inalcanzable, el MEF ha insistido en que cumplirá con la regla fiscal. Lo ha reiterado en el Marco Macroeconómico Multianual y lo ha dicho también el ministro José Arista. “Con seguridad, a fin de año llegaremos a la cifra de 2.7% o 2.8% (del PBI)”, afirmó sobre el déficit fiscal. Varios economistas –entre ellos extitulares del MEF– e incluso desde la clasificadora de riesgo Moody’s, consideran que difícilmente se logrará. Ello pese a que en julio se modificó la meta, que antes era 2% del PBI.
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Más allá de que sea irrealizable o no, es una meta que se ha trazado el Gobierno. Por ello resulta inconsistente el amague de cambio en la jefatura de la Sunat ocurrida los últimos días. Poco sentido tiene destituir a quien encabeza la entidad que operativiza la recaudación de ingresos tributarios en un contexto en el que se prioriza reducir el déficit fiscal.
El jefe de la Sunat, Gerardo López, con apenas medio año en el cargo, si bien ha hecho principalmente anuncios, se ha mostrado como un funcionario que tiene intenciones de sacar del letargo a la entidad. El tiempo dirá si lo consigue o no. Entre las pocas acciones concretas que ha realizado, está el perfil de cumplimiento tributario, una suerte de central de riesgo sobre contribuyentes (hoy en “marcha blanca”) que puede ser perfectible, pero que al final es un indicador que resultaría útil para las empresas.
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Este indicador, que ha recibido algunas críticas, es una acción políticamente poco riesgosa. Hasta inocua. De otro lado, la “tasa Netflix” y el anunciado fraccionamiento de deudas tributarias, son medidas impulsadas por el propio MEF. Por lo que, en cuanto a las acciones de la Sunat, no se detecta un argumento que al menos “sustente” este intento de remoción (se sabe que se hizo una consulta sobre su viabilidad y que era jurídicamente realizable).
Así, un cambio en la jefatura de la Sunat solo tiene sentido como un acto más del Gobierno por cubrir puestos estratégicos con allegados. El potencial reemplazo de López era Aldo Prieto, jefe del Gabinete de Asesores de la PCM y designado por el premier Gustavo Adrianzén.
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López no fue removido del cargo y finalmente el ingreso de Prieto no se concretó, pero este amague de todas formas se suma a la larga lista de acciones que muestran a un Poder Ejecutivo que no entiende (o no quiere entender) la importancia de fortalecer las instituciones para, al menos, concretar ciertos logros en favor de la estabilidad y del país en el corto tiempo que le queda.
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