Escribe: Mónica Pizarro Díaz, socia del Estudio Echecopar
El viernes de la semana pasada se publicó el dictamen emitido por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República que aprobó el Proyecto de Ley N.º 9744/2024-CR. Este proyecto pretende otorgar bonificaciones semestrales a los trabajadores de la Sunafil que se extraerían de los excedentes generados por la recaudación promedio de la entidad. Es decir, los inspectores de trabajo recibirían bonos en la medida que impongan y cobren más multas a las empresas.
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Si bien a primera vista podría parecer razonable que una entidad pague mejor a sus trabajadores a medida que tenga más ingresos, en este caso en particular el proyecto parte de un entendimiento equivocado sobre la función de la Sunafil. En efecto, el proyecto parece confundir a la Sunafil con una entidad recaudadora, desconociendo que el objetivo de la inspección de trabajo no es imponer más multas para recaudar dinero, sino promover la formalidad y el cumplimiento de las normas laborales.
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Precisamente por eso, con el objetivo de fomentar la formalidad laboral, el sistema de inspección de trabajo brinda cierta discrecionalidad a los inspectores para utilizar medidas distintas de la multa (como las recomendaciones o las advertencias), diseñadas para situaciones en las cuáles el inspector considera que es más beneficioso promover que la empresa empiece a cumplir la norma, en lugar de sancionarla por incumplimientos pasados. También es frecuente que, en las inspecciones iniciadas a solicitud de un trabajador por cuestiones como la falta de pago de beneficios, no se imponga una sanción si el empleador cumple con pagar dentro del procedimiento. En este tipo de situaciones, la inspección de trabajo ha venido priorizando el cumplimiento de los derechos del trabajador afectado, sobre la imposición de una sanción.
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Como parte de esta misma lógica, la Sunafil viene reduciendo el número de inspecciones directas (que son las que pueden dar lugar a una sanción de multa) e incrementando el envío de cartas disuasivas masivas, para promover el cumplimiento de obligaciones específicas. En la realidad observamos que muchas de las empresas que reciben estas cartas y se encuentran en una situación de incumplimiento, adoptan medidas para remediarlo. Es decir, las cartas sí están cumpliendo su objetivo de incrementar el nivel de cumplimiento de las obligaciones laborales.
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En cambio, si entramos en un sistema en el que los bonos de los inspectores dependen de la imposición de multas, ellos no tendrán incentivos para promover el cumplimiento de la normativa laboral. Incluso, podría llegar a considerarse contraproducente el envío de cartas disuasivas, porque ponen “sobre aviso” a las empresas y les permiten cumplir, evitando una sanción, o porque utilizan recursos que no van a conducir a la imposición de multas.
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A ello debe agregarse que una medida de este tipo incrementaría la desconfianza de los empleadores en el sistema de inspección de trabajo, lo que acabaría desincentivando la formalidad. Esto en la medida que el formal corre un mayor riesgo de ser inspeccionado y recibir una sanción.
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Esto último es especialmente relevante si se tiene en cuenta que, como reconoce el propio dictamen, el mayor reto que enfrenta el sistema de inspección de trabajo es reducir la informalidad laboral. Objetivo en el cual no ha tenido resultados relevantes. Cada año, la Sunafil informa haber logrado que miles de trabajadores informales sean incorporados a planilla, pero ese logro no se sostiene en el tiempo. Es decir, no se observa que esos miles se sumen año tras año y permanezcan en la formalidad. Es imprescindible encontrar las causas de este fenómeno y darles solución, pero es poco probable que esto pueda lograrse incrementando el volumen de las multas que la Sunafil impone.
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Afortunadamente, el proyecto ha recibido fuertes críticas por parte de especialistas, tanto de los empleadores (incluyendo a los microempresarios) como de los propios inspectores de trabajo, cuya organización sindical se ha pronunciado en contra del mismo. Además, aún está pendiente su aprobación por parte de la Comisión de Presupuesto. Esperemos que el Congreso no insista irrazonablemente en un proyecto antitécnico que carece de respaldo incluso entre aquellos a quienes pretende beneficiar.
