Colombia está “al borde del abismo”, afirmó Vicky Dávila, candidata de derecha en las elecciones presidenciales del próximo año. Según ella, estas elecciones decidirán si el país “se envuelve en llamas” o “da marcha atrás”. Otros opinan lo contrario. “Los últimos seis meses han sido fabulosos para la economía colombiana”, aseguró Gustavo Bolívar, candidato de izquierda y aliado del presidente Gustavo Petro.
Afirma que el turismo y el mercado bursátil están en auge, el desempleo se encuentra en mínimos históricos y la inflación ha bajado de manera considerable desde que Petro asumió el cargo.
La polarización es un fenómeno global, pero los políticos de derecha e izquierda de Colombia parecen vivir en dimensiones paralelas. En realidad, la economía colombiana está en buenas condiciones, pero acumula problemas. Aunque Petro ha atacado las instituciones independientes, Colombia no se está convirtiendo en Venezuela ni en Cuba.
Sin embargo, el deterioro en materia de seguridad es alarmante: a principios de junio, Miguel Uribe, candidato presidencial, fue asesinado a tiros. El 15 de septiembre, Donald Trump declaró que Colombia había “fracasado de manera comprobable” en el cumplimiento de sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico.
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Eso habría puesto fin a gran parte de la ayuda económica que el país recibe de Estados Unidos, pero el gobierno de Trump emitió al mismo tiempo una exención, por lo que las declaraciones del presidente estadounidense resultaron más simbólicas que prácticas.
Colombia sigue siendo mucho menos sangrienta que en la terrible década de 1990, pero no es difícil imaginar que se dirija otra vez a esa dirección. La economía estuvo estancada durante dos años después de que Petro asumiera el cargo en 2022. Este año se prevé un crecimiento del 2.4%, nada espectacular, pero mejor que en gran parte de Sudamérica.
En julio, la tasa de desempleo era del 8.8%, la más baja para ese mes en casi un cuarto de siglo. La bolsa es la cuarta con mejor rendimiento del mundo en el último año, con un aumento del 54% en moneda local. La inflación se ha reducido a la mitad desde que Petro asumió el cargo.
El turismo está en auge. Cerca de 7 millones de personas visitaron Colombia en 2024, lo que supone un aumento de 2 millones en dos años. Aun así, Petro no puede atribuirse gran parte de ese logro. Se jacta de haber reducido la inflación, pero su acoso al banco central ha dificultado esa tarea. Y hay algunas salvedades.
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Alrededor del 60% de los trabajadores colombianos laboran en la economía informal, donde obtienen menos prestaciones, no pagan impuestos y son menos productivos. La inversión es baja, lo que plantea dudas sobre la sustentabilidad del crecimiento, que se ha visto impulsado sobre todo por el consumo.
La prohibición del gobierno de realizar nuevas exploraciones de petróleo y gas está ahuyentando a los inversionistas extranjeros. Las áreas en las que se ha enfocado Petro son las que menos han progresado. Ha disminuido el número de personas que viven en la pobreza, según la definición del gobierno (con menos de US$ 3.90 al día).
Pero el número de personas que viven en pobreza extrema (con menos de US$ 1.90 al día) casi no se ha modificado. Además, la desigualdad ha disminuido muy lentamente, y Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo.
Parte de la iniciativa de Petro para combatirla fue un fuerte aumento del salario mínimo. Pero incluso antes de eso, este representaba más del 90% del salario medio, por mucho la proporción más alta de la OCDE, un club de países en su mayoría ricos. Al encarecer la contratación formal, Petro terminó por incentivar una mayor informalidad, y los primeros indicios sugieren que lo logró.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, durante una alocución, en Bogotá, el 17 de septiembre de 2025. (Foto de la Presidencia de Colombia / EFE)
Algunas reformas incluso han llegado a desmantelar servicios que funcionaban bien, como el sistema de salud. Desde que Petro extendió el alcance del Estado, se han cerrado salas de maternidad y de urgencias, o se han rechazado a nuevos pacientes. La nube más oscura que se cierne sobre la economía es el elevado gasto público.
El déficit fiscal alcanzará este año alrededor del 7% del PBI, lo que elevará la deuda pública a un máximo histórico, por encima del 60%. En junio, el gobierno suspendió durante tres años el límite legal del gasto y el endeudamiento público. La legislación solo lo permite en circunstancias extraordinarias, que, según el propio organismo de control fiscal del gobierno, no se dan en la actualidad.
Por lo tanto, al próximo presidente le espera un desastre fiscal. Bolívar e Iván Cepeda, otro candidato presidencial de izquierda, afirman que se pueden hacer recortes, pero al mismo tiempo prometen proteger los programas sociales.
Incluso si gana un político de derecha, quizá tendría que aumentar los impuestos; un dirigente sensato podría intentar hacer que los impuestos sean más progresivos y ampliar su alcance. La derecha está más cerca de dar en el blanco en materia de seguridad. El asesinato de Uribe fue un eco del pasado sangriento de Colombia. Los políticos están nerviosos. Entrevistarlos a menudo implica entrar en un mundo de guardaespaldas, policías y vehículos blindados.
AME2508. CALI (COLOMBIA), 21/08/2025.- Integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) inspeccionan un vehículo afectado tras una explosión en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez este jueves, en Cali (Colombia). Al menos cinco personas murieron y 36 resultaron heridas por un atentado perpetrado con un camión bomba. EFE/ Ernesto Guzmán Jr
El asesinato se produjo en medio de una oleada de violencia letal que incluyó un camión bomba en Cali, una importante ciudad, y el derribo de un helicóptero de la policía. En total, el saldo de estos incidentes fue de 20 personas muertas y más de 70 heridos. Desde junio, lugareños han secuestrado a decenas de soldados, al parecer a instancias de las bandas de narcotraficantes, para liberarlos días después.
Esto ha puesto de relieve el fracaso de la política de seguridad emblemática de Petro, llamada “Paz Total”, un intento de negociar con todos los grupos armados del país al mismo tiempo. A pesar de sus nombres marxistas vestigiales, estos grupos son narcotraficantes, no luchadores de la libertad.
Los primeros altos el fuego fracasaron y no se vislumbran acuerdos duraderos, en parte porque el ejército no ha aplicado suficiente presión. “Si no tienes la fuerza suficiente, no negocies”, comentó Sergio Fajardo, candidato presidencial centrista.
Mientras fingían tomarse en serio los acuerdos de paz, estos grupos aprovecharon los altos al fuego para abarcar territorios, rearmarse y reclutar nuevos miembros. Los grupos armados en Colombia ahora cuentan con cerca de 22,000 miembros, lo que supone un aumento del 45 por ciento desde que Petro asumió el cargo. Según la ONU, la violencia ha provocado el desplazamiento de 230,000 personas más.
Al menos un grupo armado está presente en más de la mitad de los municipios de Colombia, según Pares, un grupo de expertos de Bogotá, la capital. Las negociaciones de paz de Petro no son el único problema. Los grupos ya se estaban extendiendo de manera constante bajo el mandato de su predecesor, Iván Duque.
El cultivo de coca, para producir cocaína, ha alcanzado niveles récord. Con calma se atrapa al delincuente La extorsión aumentó un 50% entre 2021 y 2024, y los secuestros un 75%. Los ataques contra las fuerzas armadas en lo que va del año ya han superado el total de cualquier año en al menos una década.
La tasa de homicidios se mantiene estable, pero, con casi 25 asesinatos por cada 100,000 habitantes, es más alta que la de cualquier otra democracia sudamericana, excepto Ecuador. “No es nada de lo que enorgullecerse”, señaló Cepeda, aunque apunta que es relativamente baja para los estándares de Colombia.
A principios de la década de 1990, cuando el narcotraficante Pablo Escobar aterrorizaba al país, la tasa de homicidios alcanzó los 86 por cada 100,000 habitantes. A principios de la década de 2000, superaba los 70 debido a la violencia de los grupos rebeldes. El deterioro de la seguridad es un problema evidente, pero se pasa por alto la degradación de las instituciones.
Pocos se salvan de la grandilocuencia de Petro. Afirma que existe una “ruptura institucional” contra él y la voluntad del pueblo, y habla de convocar una asamblea constituyente para reescribir la Constitución. Su caótico estilo de gobierno socava la función pública.
Entre dimisiones frustradas y cambios constantes, los ministros no duran mucho tiempo. Petro nombra uno nuevo cada 20 días, en promedio. Los cambios constantes desaniman a los burócratas y los hacen perder el rumbo.
Mientras tanto, el daño al banco central es más directo. Petro critica las decisiones que se han tomado sobre los tipos de interés, afirma que buscan ralentizar el crecimiento económico “por razones puramente políticas” e insinúa que el banco central está tratando de “desfinanciar al gobierno colombiano”.
El poder legislativo también es blanco de sus críticas. Cuando el Senado bloqueó el proyecto de ley de derechos laborales de Petro, amenazó con eludirlo al convocar un referéndum de dudosa legalidad. Intimidado, el Senado lo aprobó. La aprobación del Congreso es necesaria como primer paso para convocar una asamblea constituyente, pero Petro y su ministro de Justicia insinúan que pueden eludir este requisito y convocarla por demanda popular.
También hay enfrentamientos habituales con el sistema judicial. Petro suele afirmar que ha sido víctima de un “golpe blando” cuando los tribunales no fallan a su favor. En febrero de 2024, tras enfrentarse al Tribunal Supremo por el nombramiento de un nuevo fiscal general, convocó a una protesta en las calles.
Los manifestantes rodearon el tribunal y dejaron atrapados durante horas a los jueces, hasta que Petro por fin ordenó su retirada. El gobierno niega haber instigado el asedio. Es probable que las instituciones colombianas puedan resistir todo esto.
La Constitución limita a Petro a un solo mandato, y la mayoría de los candidatos de izquierda parecen menos volátiles. Para tener una idea clara de la situación de Colombia, debemos tener en cuenta las preferencias que ha manifestado su población.
En los últimos tres años, alrededor de un millón de personas parecen haber abandonado el país de forma permanente, el doble que en los tres años anteriores a la pandemia de COVID-19. Colombia no está al borde del abismo, pero su próximo presidente tendrá mucho que hacer para convertirla en un lugar mejor.
