Los cánticos de los mineros llenaron la plaza principal de Trujillo, ciudad en la costa norte de Perú. Muchos de ellos provenían de Pataz, una provincia en el interior de los Andes, donde una banda asesinó recientemente a 13 guardias que trabajaban en una mina de oro. “Hay mucha delincuencia en la sierra”, dijo un hombre con casco blanco. En respuesta a los asesinatos, el gobierno peruano impuso una prohibición de la minería en Pataz durante un mes. Pero los manifestantes querían volver al trabajo. “Los mineros de Pataz no somos criminales. Exigimos el derecho al trabajo”, decía la camiseta de una mujer.
Como el mayor productor de oro de Latinoamérica, Perú se ha visto especialmente afectado por una ola de violencia vinculada a la minería ilegal en la región. Poderosa, una empresa minera, afirma que 39 trabajadores han sido asesinados en Pataz en los últimos tres años. Se han descubierto dos fosas comunes allí desde octubre. En enero, la fiscalía de Trujillo fue atacada con una bomba.
Pataz ha sido epicentro de enfrentamiento entre mineros ilegales y la policía.
El caos se ha visto avivado por el implacable aumento del precio del oro y por el exceso de producción de coca, principal ingrediente de la cocaína. Desde 2008, la inestabilidad financiera, las tensiones geopolíticas y la creciente demanda de las clases medias asiáticas han impulsado el precio del oro, que se acerca a máximos históricos de US$ 3,500 la onza.
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Mientras tanto, el cultivo de coca en Bolivia, Colombia y Perú se ha duplicado desde 2010. A muchos mafiosos les preocupa que la cocaína pierda rentabilidad, por lo que se están volcando al mercado ilegal del oro. Ambas actividades delictivas se complementan. En la Amazonía, los cultivos de coca y las minas ilegales de oro suelen compartir la misma infraestructura, como pistas de aterrizaje para aviones. Las bandas invierten las ganancias del narcotráfico en proyectos mineros, cuya producción puede blanquearse y venderse como si se hubiera extraído legalmente.
En Colombia y Perú, se cree que las pandillas ganan más dinero con el oro que con la venta de narcóticos. El Instituto Peruano de Economía (IPE), un centro de investigación con sede en Lima, la capital, estima que el país exportó US$ 4,800 millones en oro ilegal el año pasado. Esto representaría el 44% de las exportaciones totales de oro de Perú, frente al 20% de hace una década. En Brasil, el gobierno estima que las pandillas obtuvieron más de 18,000 millones de reales (unos US$ 3,000 millones) con la venta de oro en 2022, en comparación con los 15,000 millones de reales de la cocaína.
Depredadores del oro
La participación de las pandillas está incitando la violencia y ayudando a apuntalar a los autócratas. Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, da vía libre al ejército para colaborar con las mafias mineras de oro a cambio de lealtad política.
Buriticá, la mina de oro más grande de Colombia, es escenario de un enfrentamiento entre su operador chino y 2,000 mineros vinculados al Clan del Golfo, una banda que robó US$ 200 millones en valor del reluciente mineral de los túneles de Buriticá el año pasado. Desde 2019, unos 18 mineros han muerto allí. Tras una reciente ofensiva gubernamental en Bolívar, un foco de minería ilegal en el norte de Colombia, el clan tomó represalias y mató a más de 20 soldados y policías. El mes pasado, hombres armados en Ecuador mataron a 11 soldados durante un operativo para cerrar una mina ilegal.
El conflicto en Perú forma parte de este flagelo. Durante la pandemia de covid-19, los parqueros, o ladrones de oro, ocuparon túneles en Pataz, contratando a mafiosos como guardias, explica Pablo de la Flor, de Poderosa. Pronto, las mafias se apoderaron de las minas. Varias de ellas compiten por el control de los recursos de la provincia. El estado de emergencia, que ha obligado al ejército a desplegarse en Pataz desde febrero de 2024, ha logrado poco.
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Incluso cuando la minería ilegal no desemboca en un conflicto abierto, es destructiva. Los delincuentes están arrasando la Amazonía en busca de oro. Para 2018, aproximadamente un millón de hectáreas de bosque habían sido taladas para la minería. Para finales de 2024, esa cifra se había duplicado, según la Asociación para la Conservación de la Amazonía, un organismo de monitoreo con sede en Washington. Gran parte de esta cifra se encontraba en áreas supuestamente protegidas.
El mercurio, utilizado para separar el oro del mineral, contamina muchos ríos amazónicos. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha estado tomando medidas drásticas contra los garimpeiros, los mineros ilegales de oro que prosperaron bajo el mandato de su predecesor, Jair Bolsonaro. Muchos simplemente se han mudado a Venezuela, donde es más fácil llegar a acuerdos con el ejército.
Con amigos como estos
La colusión del régimen de Maduro con los mineros ilegales de oro de Venezuela es indignante. Pero políticos en otros lugares también hacen la vista gorda ante este trabajo sucio. En Bolivia, el apoyo del gobierno a cooperativas supuestamente sin fines de lucro ha fomentado un enorme mercado negro. Estos grupos heterogéneos, que extraen la mayor parte del oro del país, son técnicamente legales. Pero a menudo excavan más allá de sus áreas de concesión e ignoran las leyes ambientales.
Luis Arce, presidente de Bolivia, ha adoptado un enfoque menos estricto en la aplicación de la ley. Últimamente, una crisis cambiaria lo ha acercado a las cooperativas. El año pasado, el banco central compró oro por valor de US$ 1,300 millones a mineros bolivianos para reforzar sus reservas. Diputados de la oposición han acusado a Epcoro, una nueva corredora estatal, de blanquear oro ilegal de la Amazonía y vendérselo al banco, acusación que esta niega.
El desastre de Reinfo
Perú demuestra lo difícil que es regular el sector. En 2012, el gobierno creó Reinfo, un registro que exime a los mineros sin licencia de sanciones penales hasta que cumplan con las regulaciones y demuestren sus derechos sobre las tierras que extraen. Sin embargo, el sistema es un desastre. Solo el 2.3% de los registrados obtiene permisos. Si bien muchos mineros en Reinfo desean mejorar sus estándares, el sistema ofrece poco apoyo. En la práctica, encubre a las bandas que no planean registrarse. Los parqueros ajenos al sistema lo utilizan para blanquear oro ilegal comprando o robando documentos de los mineros registrados. “Es un fracaso total”, lamenta Gonzalo Delgado, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico.
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Reinfo se concibió originalmente como temporal. Su mandato vencía el 30 de junio, pero se extenderá hasta finales del 2025. El gobierno retrasó una fecha límite anterior después de que mineros bloquearan las calles de Lima. Un líder de la protesta está siendo investigado por presuntos vínculos con la minería ilegal. Las bandas también tienen aliados en el Congreso, lo que dificulta la aprobación de reformas por parte del gobierno y lo obliga a recurrir a medidas de emergencia. El envío del ejército a Pataz fue una señal de debilidad, afirma Delgado. “Muestra la desesperación de un gobierno que no tiene ni idea de cómo abordar el problema”.
Luis Miguel Castilla, exministro de Economía peruano, se preocupa por el futuro de su país: “Veo muchas similitudes con la década de 1980, cuando los grupos armados controlaban gran parte del país”.
En toda la región, abordar la minería ilegal requerirá un replanteamiento. Reorientar los presupuestos nacionales sería de ayuda. El gobierno peruano asignó US$ 73 millones a combatir al narcotráfico en el presupuesto de este año, en comparación con los escasos US$ 17.5 millones destinados a frenar la minería ilegal. Pero las medidas represivas por sí solas no serán suficientes. Sin una regulación adecuada del sector, seguirá siendo fácil para las bandas desplazarse de una provincia rica en minerales a otra. Mientras el mundo engulle el oro, América Latina se desangra.
