“Los puertos son nuestros”, declaró el 30 de julio Anel Flores, contralor general de Panamá. Su oficina, que administra los fondos públicos, acababa de presentar dos casos ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá, cuyo fin era solicitar que se revocara el contrato de CK Hutchison (CKH), un conglomerado con sede en Hong Kong (China), sobre la operación de dos puertos en ambos extremos del canal de Panamá.
Con ello, Flores abrió un nuevo frente en la pugna entre China y Estados Unidos por el canal, la cual se remonta a la llegada al poder de Donald Trump. En su discurso de investidura, el 20 de enero, Trump prometió “recuperar” el canal.
Luego, en marzo, celebró un acuerdo en el que BlackRock, un gigante inversor estadounidense, y MSC, una empresa naviera suiza, le comprarían los puertos a CKH, junto con otros 41 en 22 países, como parte de una operación con un valor de US$ 23,000 millones.
Pero para finales de julio, el acuerdo había llegado a un punto muerto. El gobierno chino se negó a apoyar el trato a menos que COSCO, su empresa naviera estatal, fuera incluida como miembro con derecho a veto en el consorcio adquirente.
BlackRock acordó comprar dos puertos en el Canal de Panamá a la empresa china CK Hutchison.
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El anuncio de Flores se produjo tres días después de la fecha prevista para el cierre del acuerdo. No era justo, declaró, que “en otras partes del mundo haya gente negociando el futuro de activos que nos pertenecen a nosotros, los panameños”.
Una forma de ver los esfuerzos de Panamá por rescindir los contratos es como una “aplicación sofisticada de la independencia nacional”, según Carlos Ruiz-Hernández, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un laboratorio de ideas en Washington.
Otra es que representan una nueva estrategia de parte de Estados Unidos para eliminar la presencia de China en torno al canal. La posibilidad de que se revoque el contrato de CKH siempre se ha cernido sobre el acuerdo.
El gobierno de Panamá inició una auditoría del contrato el día de la toma de protesta de Trump. El 7 de abril, Flores anunció los resultados preliminares, acusando a CKH de manipular sus finanzas y afirmando que el Estado había perdido US$ 1,300 millones debido a las modificaciones que se le hicieron al contrato en 2002.
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También indicó que la renovación más reciente del contrato no había seguido el procedimiento correcto. En ese momento, CKH dijo que las cifras de la auditoría estaban incompletas. (El 1 de agosto, la empresa comunicó que estaba dispuesta a trabajar por “un futuro mejor para apoyar al pueblo de Panamá”).
Las negociaciones para la adquisición continuaron. Una adquisición ordenada les convenía a Panamá y a Estados Unidos. No fue sino hasta que el gobierno chino dejó claras sus condiciones, probablemente inaceptables para Trump, que actuaron los panameños.
Existe un amplio apoyo político para ejercer la soberanía sobre el canal. Uno de los casos presentados ante la Corte Suprema alega un incumplimiento de contrato. El otro alega inconstitucionalidad. Este último tiene más posibilidades de prosperar, según Alonso Illueca, de la Universidad Católica Santa María La Antigua en Ciudad de Panamá. La Constitución de Panamá establece que los gobiernos extranjeros no pueden adquirir la titularidad de su territorio.
“El Estado tendría que afirmar que la República Popular China controla los puertos”, sostuvo Illueca. “Eso confirmaría las preocupaciones de Trump y quizá provocaría acciones diplomáticas y litigios de parte de China por expropiación ilegal”.
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Si la Corte Suprema anula el contrato, este se reasignará o se sacará a licitación. Ese proceso sería objeto de un escrutinio minucioso. “Las empresas chinas podrían hacer ofertas con las que las estadounidenses no podrían competir”, especuló Euclides Tapia, de la Universidad de Panamá. Si esas ofertas se pasan por alto o si se excluye a las empresas chinas de la licitación, eso podría dar lugar a litigios.
Panamá ya se enfrenta a una demanda de arbitraje con un valor de alrededor de US$ 20,000 millones presentada por una empresa minera canadiense por el cierre de una importante mina de cobre, aunque el procedimiento está suspendido mientras ambas partes negocian.
El papel de Estados Unidos en la decisión del contralor general no está claro. En los últimos meses, el Departamento de Estado estadounidense ha estado presionando al gobierno panameño para que haga su voluntad, desde aumentar la presencia militar estadounidense en territorio panameño hasta conceder acceso libre por el canal a los buques de la Armada estadounidense.
Para Panamá, los costos de reestructurar los contratos probablemente superan los beneficios. China podría intentar convertir a Panamá en un ejemplo, una advertencia de lo que implica ceder ante los estadounidenses. “Para Estados Unidos no hay ningún riesgo”, observó Illueca. “El que va a sufrir es Panamá”.
