"Íntegro“, bajo los acuerdos de la RAE, equivale a recto, probo e intachable. En el Perú, al concepto académico se le debe sumar, además, el factor cultural: solo un pensamiento colectivo reforzado con moralidad es capaz de erradicar la corrupción y alejarse de los “todos lo hacen”, “no sabía que estaba mal” o “el fin justifica los medios”. Así lo explica Mariela García de Fabbri, la nueva presidenta de la asociación Empresarios por la Integridad.
La empresaria eleva la voz desde el sector privado y afirma que “la corrupción es un problema tan enraizado en el país, que no hay claridad de qué es lo correcto y lo que no”. “No tenemos muchos referentes”, agrega.
En esa línea, la vocera cita el índice de la percepción de la corrupción que arrojó la última publicación de Transparencia Internacional. Del 2023 al 2024, el Perú pasó del puesto 125 al 127. “Si vemos un periodo más largo, de 10 o 12 años, hemos caído 26 posiciones”, precisa. ¿Qué aristas deben reforzarse para prevalecer, como país, en la línea ética?
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El empresariado y el sector público
Empresarios por la Integridad promueve, de acuerdo con García, que el privado fortalezca los lazos con todos los grupos actores, incluido el sector público. Hasta el momento son 75 los líderes que trabajan en lineamientos estratégicos para lograrlo y, así, anticipar posibles conflictos de intereses.
“Al 2025 queremos triplicar este número. [...] Los líderes, las máximas instancias de las empresas, no solo profesan los valores de manera declarativa, sino que ejecutan acciones para garantizar este accionar. [...] Una labor concreta es la instalación de modelos de prevención, los mismos que nosotros promovemos e invitamos a que sean certificados”, describe.
Así, se asoma un componente de liderazgo en la lucha anticorrupción. Ellos tienen que creer —afirma la presidenta— en los valores que profesan, los cuales deben estar reflejados e imbuidos en el accionar diario. Solo así, los canales de denuncias y los mapas de riesgos funcionarían.
En este último punto están recogidas las vulnerabilidades que se pueden filtrar, por ejemplo, en licitaciones con el sector público. “La contratación de venta de bienes y servicios al Estado es un espacio de vulnerabilidad; por ello, el modelo de prevención debe tener procesos y controles muy robustos”, refiere.
No obstante, cuando la relación es privada-privada también pueden ocurrir situaciones de riesgo: en contratación, en áreas de logística donde se deciden compras o en el favorecimiento a un cliente, enumera García.
Mariela García de Fabbri, Gerenta general de Ferreycorp. (Foto: Ferreycorp)
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Foco en las mypes
La especialista es enfática al mencionar una prioridad: que el modelo de integridad vaya de la gran empresa e impacte en la cadena de valor de pequeñas y medianas empresas.
En detalle, en el último año, las compañías certificadas pasaron de 51 a 86. Un 55% lo ocupan las empresas grandes y el otro 45%, las mypes. “ [Las mypes] Son empresas que están en siete regiones del país. Esto fue un trabajo que hicimos en los últimos dos años, abrir nuestros modelos de prevención y nuestras certificaciones”, analiza.
Educación para paliar la corrupción
Promover valores también se posiciona como una medida aguda. “Los jóvenes y la ciudadanía en general son los que van a ser los empleados de las empresas, proveedores, clientes y, eventualmente, también funcionarios públicos con los cuales nos relacionamos. [...] Por ello es clave desarrollar alianzas con entidades educativas para apuntar a un cambio cultural en el país”, sostiene.
Al respecto, Empresarios por la Integridad es una entidad representante de Alliance for Integrity, una plataforma que ofrece soluciones prácticas para fortalecer la capacidad de cumplimiento de las empresas.
“Ahí convocamos a una comunidad no solo de líderes empresariales, sino también entidades educativas y algunas ONG para avanzar en nuestros objetivos”, explica.
La vocera adelanta que la asociación está tejiendo pactos con tres universidades clave en el país.
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El peso de la corrupción en el año preelectoral
Empresarios por la Integridad contribuye con la búsqueda de honestidad en el proceso electoral agendado para el 2026 mediante Tolerancia Cero, que recientemente ha lanzado el consorcio CoGobierna. “Desde ahí queremos promover la participación de candidatos íntegros y de ciudadanos que ejerzan un voto informado”, formula.
“Si queremos cambiar el juego, tienen que cambiar los jugadores. [...] Queremos contribuir a que haya una vigilancia. [...] Como sector empresarial, lo que se ha hecho es elaborar una plataforma con acceso a muchas fuentes de información pública, y poder transparentar las intenciones de los partidos”, añade.
Resume todo en un solo requisito: el diálogo constante sobre cómo cerrar las brechas sociales en el país. En sus palabras, “la toma de conciencia de los retos que enfrenta el Perú está ligada a tener servidores públicos y gobernantes idóneos”.
Y los consumidores de bienes y servicios también cargan en su agenda un deber: exigir a las empresas ser transparentes. Es decir, “evidenciar su accionar íntegro a través de certificaciones y que toda su cadena de valor, clientes, proveedores, sociedad en general, puedan conocer el despliegue de iniciativas y acciones concretas para garantizarlo”, finiquita.
Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.
