Es indudable, como he argumentado en previas columnas, que el Perú sigue gozando de fundamentos macro saludables. Dicho esto, también resulta evidente el deterioro gradual de las finanzas públicas en los últimos años, algo que debe llamar la atención, considerando que la institucionalidad fiscal es uno de los principales activos con los que cuenta el país.
Este 2025 cumpliremos tres años consecutivos de incumplimiento de la regla fiscal. En efecto, recientemente, el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, planteó elevar el déficit de la regla fiscal de 2.2% a 2.8% del PBI, argumentando que alcanzar el 2.2% “implicaría una desaceleración de la economía que no consideramos necesaria”.
El incumplimiento de la regla fiscal por tres años seguidos deteriora la credibilidad fiscal, más aún cuando este año no parece haber una justificación razonable para ello, considerando -además- un contexto en el que la economía peruana muestra una recuperación significativa del PBI. En general, esto sucede en una coyuntura de alta inestabilidad dentro del MEF (van siete ministros desde julio del 2021), una tendencia a proyectar ingresos fiscales basados en recursos extraordinarios, y mayores presiones de gasto debido a un creciente número de iniciativas aprobadas por el Congreso en los últimos años, incluso vulnerando la prohibición constitucional de aumentar el gasto público. De hecho, muchas de estas medidas han sido aprobadas por insistencia tras ser observadas por el Ejecutivo.
En un análisis realizado por el Consejo Fiscal (CF) se encontró que entre 2020 y 2023 se cuadruplicaron las leyes promulgadas por la vía de la insistencia respecto al periodo 2001-2019, 42% de ellas (157 leyes) con impacto fiscal.
LEA TAMBIÉN: FMI: MEF debe mantener su rol crítico en evaluación e impacto fiscal de proyectos APP
Solo desde el 2023 se han aprobado 19 leyes que otorgan beneficios tributarios a sectores como el textil, agropecuario, restaurantes, entre otros. Entre las más recientes destacan la creación de un marco tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas, que contempla una tasa de impuesto a la renta (IR) de 0% durante los primeros cinco años y exoneración del IGV (medida cuya autógrafa fue observada por el MEF); la aprobación —en primera votación— de una nueva ley agraria con IR reducido al 15%; y la luz verde a las Zonas Especiales de Desarrollo Turístico, también con una tasa de IR de 0%. En total, el Consejo Fiscal ha identificado al menos 32 iniciativas legislativas que buscan ampliar beneficios tributarios.
Desde el lado del gasto, lo más reciente, la reforma al sistema previsional y la ley que modifica el régimen de pensiones militar y policial se constituyen como los principales desafíos para las cuentas fiscales a mediano plazo, a través de la ampliación de beneficios y coberturas, y el denominado aporte por consumo. Se estima que estas medidas podrían significar presiones fiscales cercanas a 0.5pp del PBI en los primeros años de su vigencia, convergiendo a 1pp de PBI a mediano plazo. A esto se suman otras iniciativas: por ejemplo, en el sector educación continuarían elevando el presupuesto salarial (mientras en 2013 el gasto en remuneraciones era similar al gasto en inversión pública, en 2024 el primero se ubicó 25% por encima del segundo).
Por su parte, el ministro Pérez Reyes ha respaldado recientemente la ley aprobada por el Congreso que reduce en 2pp la participación del Gobierno Central sobre el IGV, para redirigir estos recursos al Foncomun, argumentando que el impacto fiscal sería neutro. Sin embargo, esto resulta poco probable, dado que difícilmente los recursos que deje de percibir el Gobierno Central podrán ser compensados vía recortes en otras transferencias. De hecho, el Consejo Fiscal estima que las trasferencias por concepto de Foncomun se incrementarían de forma permanente a los gobiernos locales, en aproximadamente 0.7% del PBI hacia 2029, en detrimento de los ingresos del Tesoro Público.
Todo esto sucede en el marco de menores colchones fiscales (el Fondo de Estabilización Fiscal pasó de 4.5% del PBI en 2014 y 2.3% en 2019 a 1.1% en 2024, evitando un incremento mayor de la deuda pública), por lo que no puede haber complacencia y se deben tomar las acciones necesarias para evitar que se pierda la confianza de los inversionistas y se produzcan recortes en la calificación soberana que conduzcan a mayores costos de financiamiento y así, a un deterioro adicional de las cuentas fiscales y menores recursos disponibles para inversión. Ojalá el nuevo gobierno ponga la responsabilidad fiscal en el frente de sus prioridades y sea el defensor de su institucionalidad.
Economista jefe de Credicorp Capital y Managing Director de Research. Es economista por la Universidad del Rosario, con maestría en Economía de la misma casa de estudios. Cuenta con 13 años de experiencia. Previamente se ha desempeñado en cargos de docencia, investigación académica y del sector financiero.
