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La demanda contra la ley que permite a la presidenta Dina Boluarte despachar de manera remota desde el extranjero quedó hoy al voto, luego que el pleno del Tribunal Constitucional (TC) sesionara en audiencia pública.
El Colegiado vio la demanda de inconstitucionalidad presentada por más del 25 % del número legal de congresistas contra la Ley 31810, que habilita a la jefa de Estado a ejercer la Presidencia y despachar de manera remota cuando se encuentre en el exterior.
En representación de los congresistas participó la legisladora Ruth Luque Ibarra (Cambio Democrático-Juntos por el Perú).
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El recurso contra ley que permite el trabajo remoto a la jefa de Estado es parte de los cinco procesos de inconstitucionalidad que quedaron al voto hoy en el TC.
Luque (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) sostuvo que existe un vacío legal que impide que asuma el primer vicepresidente, pues en realidad Boluarte Zegarra no lo tiene.
“El camino que debió haber seguido el Congreso de la República es más bien una ley de reforma constitucional y esa es la observación en la cual hemos planteado la demanda que hemos presentado porque consideramos que bajo eso se debió hacer una modificación constitucional”, señaló ante el tribunal.
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En tanto, el procurador del Parlamento, Manuel Peña Tavera, afirmó que la ley aprobada por ese poder del Estado es una “norma de desarrollo constitucional” ante el supuesto de la inexistencia de vicepresidentes.
“El Constituyente (de 1992) no se puso en el supuesto de que no existan los dos vicepresidentes, como sí se puso en el supuesto impedimento del ejercicio de la Presidencia de la República”, añadió.
Otras causas
La primera causa que se vio en la sesión de hoy fue la demanda de inconstitucional que presentó la Defensoría del Pueblo contra la Ley 31494, que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los incorpora en el Sistema de Seguridad Ciudadana.
Asimismo, quedaron al voto las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra varios artículos de la Ley 31313, referida al desarrollo urbano sostenible y los presentados por la Defensoría del Pueblo y más de cinco mil ciudadanos contra la Ley 31520, que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas.
Participaron del acto procesal, los magistrados Francisco Morales Saravia (presidente), Luz Pacheco Zerga (vicepresidenta), Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Manuel Monteagudo Valdez, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez.
La audiencia pública se inició a las 09.00 horas en la sede de San Isidro, ubicada en la Av. Arequipa 2720 y fue transmitida por nuestra página web institucional y redes sociales.
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