Las instituciones que rechazan las recientes reformas del Congreso

El último fin de semana, hasta la posibilidad de un referéndum se barajó desde Palacio de Gobierno para eliminar la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, rápidamente, el Congreso devolvió el golpe y aprobó, en primera votación, un texto sustitutorio de una reforma constitucional que toca también el tema del antejuicio político (delitos cometidos durante la función) y que comprende a diversos altos funcionarios, entre ellos el propio presidente de la República y los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

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La posible modificación de cinco artículos de la Constitución, sin previo estudio técnico, ha desencadenado críticas desde distintos sectores e instituciones al advertirse evidentes vicios de inconstitucionalidad. Esto no solo por cuestiones de forma, que tienen que ver con la rapidez que se sacó esto adelante el último domingo, sino también de fondo, por sus implicancias y consecuencias.

Tal y como se ha planteado esta figura, por ejemplo, el presidente y los ministros de Estado podrían ser denunciados y procesados en el transcurso de su gestión. También se retiró la inmunidad a los magistrados del TC y al titular de la Defensoría del Pueblo.

No obstante, los congresistas no podrían ser procesados por actos cometidos durante en el ejercicio de su cargo.

“Es un ardid”

Para el presidente Martín Vizcarra esto es tan solo un “ardid”, una estrategia, que tiene como objetivo lograr mantener la inmunidad parlamentaria. Cuestionó que “sin ningún nivel de debate y análisis, en minutos”, y sin opiniones de expertos, se haya sacado adelante esta reforma.

Mencionó no tener “ningún temor” a quedarse sin inmunidad. “Lo que sí nos preocupa es que nos quieren tomar el pelo a los peruanos para que finalmente esto se caiga por los vicios de inconstitucionalidad que tiene y que la inmunidad parlamentaria continúe”, comentó el lunes.

“Vicios de inconstitucionalidad”

A través de un oficio dirigido al presidente del Congreso, Manuel Merino, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, ha manifestado también su “más profunda preocupación” por el proyecto de reforma constitucional, puesto que “presenta insalvables vicios de inconstitucionalidad”, tanto de forma como de fondo.

En el caso de la primera, Gutiérrez hizo hincapié en su escrito que un cambio así debió de ser estudiado previamente por una comisión, como lo dispone el artículo 105 de la Constitución.

“Igualmente ha transgredido el principio deliberativo, que constituye uno de los pilares de nuestro sistema democrático”, se menciona también.

“Debilita un sistema de justicia”

La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, ha indicado públicamente que con esta figura se está atentando con las garantías que deben tener los impartidores de justicia, en este caso constitucional, al dejarlos pasibles de ser procesados por las decisiones que tomen en el ejercicio de su cargo.

“He sido, soy y seré crítica del Congreso porque ha afectado una de las garantías básicas”, comentó Ledesma en Canal N.

Para la titular del TC, “eso sí debilita un sistema de justicia, porque al final una de las garantías para los ciudadanos en general es tener jueces libres e independientes”.

Así, con esta figura que se pretende implementar -agregó- “pendería sobre nuestra labor y nuestras decisiones, el ser procesados por nuestros votos, nuestros criterios”, incluso cuando se revisen las normas aprobadas, precisamente, por el Parlamento.

“¿Qué independencia se puede garantizar de los jueces constitucionales cuando tengamos que controlar a los propios congresistas?”, se cuestionó.

“Alteran el orden constitucional”

Se ha conocido que —al menos— quince abogados y especialistas han decidido ya no formar más parte del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, que preside Omar Chehade (APP), debido a la falta de sustento técnico que merecieron esta serie de reformas a la Carta Magna.

Dos expresidentes del TC (Óscar Urviola y César Landa) y un exministro de Justicia (Pedro Cateriano) están entre ellos. Urviola advirtió en su carta de renuncia que estas modificaciones “alteran el orden constitucional y el normal funcionamiento del sistema democrático”.

“[Se] ha afectado la autonomía y facultades de los magistrados del Tribunal Constitucional, el defensor del Pueblo, el presidente de la República y los ministros de Estado, alterando de esta forma las bases del sistema democrático”, indicó Urviola, expresidente del TC.

“Se contraviene uno de los principios esenciales de nuestro estado constitucional, como es el principio democrático, recogido de manera explícita en los artículo 43 y 45 de la Constitución”, mencionan, por su parte, las abogadas Elena Alvites, Betzabé Marciani, Rocío Villanueva y Elizabeth Salmón, así como el abogado Luciano López, igualmente en su carta de renuncia.

Transparencia

Por su parte, el presidente de la Asociación Civil Transparencia, el embajador Allan Wagner, ha manifestado que el Congreso “ha vuelto a decepcionar” a la ciudadanía y que la reforma aprobada respecto a la inmunidad “tiene importantes vicios de inconstitucionalidad”.

“No debe ser ratificado en la próxima legislatura porque sencillamente no es conveniente”, comentó Wagner en Canal N.

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