Escribe: Jorge Toyama, socio, Vinatea & Toyama, Abogados.
El indicador más relevante del desarrollo de un país no es tanto su PBI sino los niveles de aseguramiento social de su población. Protección social: ante cualquier riesgo o necesidad dentro o fuera del trabajo, temporal o permanente.
Solo dos de cada diez peruanos tienen seguros de salud, pensiones y riesgos laborales, según la organización Horizonte Laboral. Es decir, solo una minoría de trabajadores y sus familias están cubiertos en atenciones de salud y rehabilitación, subsidios en períodos de incapacidad o maternidad, pensiones vitalicias o de orfandad ante incapacidades, auxilios para sepelios, pensiones de jubilación, seguros de vida, vehiculares y patrimoniales.
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A nivel global, estamos muy rezagados. Si bien podemos liderar el ranking de menor inflación en la región, a la vez, tenemos las más bajas tasas de cobertura de protección social. La igualdad ante la ley supone igualdad de acceso a una atención de salud digna y de calidad en los diversos sistemas de aseguramiento.
En comparación con países de la OCDE, los peruanos estamos, en promedio, 60% menos protegidos ante los riesgos de la vida. Y sin considerar beneficios que no tenemos pero que son parte natural de la seguridad social tales como el seguro de desempleo, formación para reconversión laboral, bonos para familias numerosas, planes de salud mental con foco en diversidad y género, etc.
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Ni el SIS ni Pensión 65 son seguros sociales. No cubren las reales necesidades y riesgos ante infortunios laborales. Son ayudas públicas parciales que cubren solo atenciones médicas pero que no otorgan subsidios ni pensiones.
¿Qué pasa en nuestro país? Solo el 2024, más de tres millones de trabajadores han retirado los fondos de las AFP para pagar cuotas de sus hipotecas o invertir en un negocio. Inclusive, hay quienes prefieren estar un año sin trabajar para retirar sus fondos. Otros prefieren recibir “a la mano” para que no existan descuentos ni aportes sociales. Algunos contratan el SOAT para transportarse, pero no tienen seguros para tener ingresos si no pueden trabajar tras un accidente.
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No tenemos, lamentablemente, una cultura de aseguramiento a largo plazo. Nuestro seguro no puede ser tener una “casa” o “hijos que nos mantengan”. Buscamos la satisfacción inmediata y si pasa una desgracia el Estado, la familia o la vida proveerá. La previsión social no es un gasto. Es un acto de responsabilidad futura, individual y familiar.
Hay empresas, muy pocas aún, que tienen planes de bienestar integral y ofrecen beneficios para cada necesidad: apoyo psicológico, asesoría financiera, comunidades de intereses, preocupaciones sobre el desarrollo profesional, acompañamientos en momentos clave de la vida, etc. Son acciones muy concretas que demuestran una preocupación genuina por los trabajadores y sus familias.
¿Cómo afrontar esta situación?
La protección social es una responsabilidad de todos: el Estado, empresas, aseguradoras y brókeres, sindicatos y trabajadores. Lo primero es cambiar nuestra forma de ver y comprender la seguridad social. Para cuidar a nuestras familias debemos cuidarnos nosotros primero y tener dos seguros como mínimo: uno de salud (atención médica e ingresos para subsistir en caso de invalidez) y otro de pensiones (ingresos vitalicios ante una invalidez o para nuestros familiares ante un deceso).
Segundo, el Estado debería insertar la seguridad social como parte de la educación en colegios, institutos y universidades. Los jóvenes deben conocer porqué funcionan y para qué sirven estos seguros. Además, se requieren campañas nacionales para concientizar y compartir casos reales y desgarradores de desprotección social y, tener influencers para mostrar experiencias y casos sociales.
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Tercero, es fundamental impulsar la cultura de aseguramiento a través de la implementación de estrategias basadas en aportes del Estado que acompañen el interés de contribución de las personas. También se pueden mejorar los fondos de pensiones a través del IGV de comprobantes de pago y aseguramiento obligatorio para los recibos de honorarios y la cuarta-quinta (existe una reforma pendiente de reglamentación), o establecer una afiliación obligatoria cuando hay dependencia económica (por ejemplo, cuando el 70% de la facturación de una persona es solo para una empresa), etc.
En nuestro país, donde la informalidad limita el acceso a la seguridad social, tomar la decisión de proteger la salud, la vida y el futuro no es solo un acto de precaución, sino un paso hacia la libertad. Elijamos proteger lo que más importa: nuestro bienestar y de quienes nos rodean. El futuro no se predice, pero sí se prepara.
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