Imaginemos que es julio del 2031 y estamos escuchando el discurso de despedida de la presidenta: “Hace cinco años, recibimos un país golpeado por la inseguridad, un Estado debilitado, servicios deficientes y jóvenes sin esperanza. Quiero destacar tres cambios dirigidos a enfrentar la situación encontrada y sentar las bases para mejoras futuras: los puestos más relevantes del Estado están en manos de profesionales designados por mérito; las familias tienen más opciones para acceder a educación y salud; y los jóvenes conocen y entienden la historia reciente del Perú, y saben que su preparación y esfuerzo son la mejor base para construir su futuro”.
El próximo Gobierno deberá hacer frente desde el primer día a la inseguridad, la amenaza de El Niño, el deterioro fiscal y la minería ilegal. Pero su legado dependerá de dejar capacidades instaladas para que el país funcione mejor.
Una primera tarea estructural es instaurar el mérito en las cabezas técnicas del Estado. Identifiquemos, para empezar, los cien puestos clave y establezcamos para ellos un régimen especial de selección, permanencia y retribución. Me refiero a quienes conducen programas nacionales, direcciones, reguladores, proyectos especiales y entidades ejecutoras. Son cargos que no deberían depender de la amistad, la militancia o la cuota política, sino de formación, experiencia y capacidad de gestión. Una buena autoridad define un norte, arma equipos y mejora los servicios que recibe el ciudadano.
Hace treinta años, siendo gerenta general de una entidad pública, logramos con un equipo comprometido avances importantes. Años después, malos nombramientos revirtieron gran parte de lo avanzado. Construir capacidades toma años y mucho esfuerzo, pero destruirlas puede tomar muy poco. Por eso, si queremos un Estado que funcione y avance, empecemos por cuidar sus cabezas.
La segunda tarea es dar a las familias más opciones para acceder a educación y salud. El Estado debe mejorar sus propios servicios, pero no puede seguir pidiendo a los ciudadanos que esperen indefinidamente hasta que logre gestionarlos bien.
En educación, empecemos con una meta acotada: que el 5% de los estudiantes del sistema público pueda estudiar en colegios privados acreditados. Que el Estado pague la pensión de quienes elijan una alternativa privada de calidad. La familia elige y el Estado regula, evalúa y financia. Lógica similar a como funciona Beca 18 en la educación superior, un programa ampliamente valorado por familias y jóvenes.
En salud, fortalezcamos el primer nivel de atención recuperando el impulso de los CLAS, un modelo de cogestión en el que la comunidad participa en la administración y vigilancia de los establecimientos. Para nuevos hospitales, retomemos el modelo de bata blanca: infraestructura, financiamiento y rectoría públicos, pero prestación encargada al sector privado bajo contrato, estándares e indicadores verificables. El hospital Alberto Barton de EsSalud ya ha demostrado que es posible encargar la atención integral a un operador privado y alcanzar altos niveles de satisfacción de los usuarios.
La tercera tarea no es de cobertura, sino de contenidos. Los jóvenes deben salir del colegio conociendo, con rigor, qué significaron el terrorismo, la hiperinflación y la recesión, y cuánto daño causaron a las familias peruanas. También deben comprender el papel que tuvieron la estabilidad macroeconómica, la inversión, el crecimiento y el empleo en la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de vida. Se trata de formar ciudadanos capaces de evaluar propuestas políticas con memoria, criterio y evidencia.
Debemos prepararlos, además, para un mundo en el que la estabilidad no proviene de un puesto fijo, sino de la capacidad de aprender, adaptarse y aportar valor. El Estado puede y debe abrir oportunidades, proteger a los vulnerables y brindar buenos servicios. Pero progresar y alcanzar bienestar dependerá también del estudio, el esfuerzo y la responsabilidad de cada persona. No formemos jóvenes que esperen que el Estado o alguien más les resuelva la vida. Formemos ciudadanos con capacidades, herramientas y confianza para abrirse camino.
En los próximos cinco años, aspiremos a que el Estado funcione mejor, los servicios lleguen y los jóvenes estén mejor preparados para entender su realidad y construir su futuro. Ojalá ese sea el horizonte y el legado del próximo Gobierno.
Elena Conterno es especialista en políticas públicas.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.
