Socio de Vinatea & Toyama
Nuestra inestabilidad política, económica y de seguridad pública, no suele relacionarse con el mercado de trabajo, pero es evidente que influye en él. Un informe de la BBC de fines del mes pasado puso en evidencia que más de cuatrocientos veinte mil peruanos habían dejado el país en el 2022, cifra que supera en cien mil personas el promedio de migración de peruanos al extranjero en los últimos treinta años y que incluye a muchos jóvenes que han culminado sus estudios escolares, universitarios o técnicos.
Si bien lo anterior no implica que estemos necesariamente ante un éxodo, sí revela lo poco claro que luce el futuro del país, porque de acuerdo con el mencionado informe, las razones de la salida de los peruanos tendrían que ver con la inestabilidad y la crisis política, la inseguridad ciudadana, los efectos económicos derivados de la pandemia y la existencia de redes migratorias desarrolladas durante los últimos años que, al estar en funcionamiento, facilitarían a quienes se plantean emigrar la decisión de irse. El problema es que dentro del grupo de personas que dejan el país, hay gente capacitada, muchos jóvenes, cuya salida determina que nuestro capital humano, el que se queda en el país, sea menos productivo en su conjunto.
Esas mismas razones golpean de manera frontal al sector formal. Una encuesta de Vistage a los ejecutivos que la integran, revela que uno de cada tres empleadores no llevará a cabo las contrataciones que tenían previstas en lo que resta del año. Y a ello podría agregarse que es posible que las contrataciones de los últimos meses no hayan sido por plazos indefinidos, sino mediante contratos temporales. Esto significa que el empleo formal no crecerá al ritmo que quisiéramos y las inversiones en capacitación no serían muy grandes, debido a que no se invierte en aquél personal que no mantiene una relación continua con una empresa.
Por otro lado, las cifras de la última edición del SAE de Apoyo indican que el incremento de ingresos de la informalidad laboral será muy bajo, lo que una vez más da una idea del subempleo que nos caracteriza y la baja competitividad que se puede esperar de nuestro mercado laboral en su conjunto, porque este tiene un alto componente de informalidad y suele ser muy poco productivo.
El común denominador de lo anterior es que la inestabilidad política y económica crea incertidumbre no solo para los inversionistas, que dejan de invertir en el país, sino, lo que es peor, que la falta de futuro lleva a las personas más jóvenes a dejar el país si pueden hacerlo y a las que se quedan, las lleva a tener que participar de un mercado de trabajo predominantemente informal, en donde sus posibilidades de capacitación y aprendizaje son muy bajas.
Las cifras de crecimiento reveladas en los últimos días predicen que nuestra economía recién podría comenzar a mostrar mejores resultados el próximo año, siempre que fenómenos como el del Niño no nos afecten más de la cuenta y que como país no sigamos impidiéndolo. Porque la inseguridad, la inestabilidad y la falta de crecimiento responden a un proceso que hemos venido consolidando desde el año 2016, año en el que de manera marcada se inició la descomposición de nuestras instituciones con fracasos como el de la descentralización, la reforma de partidos políticos, el combate contra la corrupción y el surgimiento de los “demócratas ocasionales”, como ha señalado Gonzalo Banda en un reciente artículo publicado en el diario El Comercio.
Frente a esto, y para afrontar la falta de futuro, se suelen plantear iniciativas legales dirigidas a reducir la informalidad y aumentar el empleo. Una de ellas es la Ley 31828, Ley del Empresariado Joven, que, a pesar de su buena intención, es un paliativo para un problema mayor. Y por otro lado, el ex ministro de trabajo Fernando Varela, anunció una iniciativa dirigida a reducir la informalidad, que no se llegó a concretar por su reciente salida del gabinete ministerial.
Pero no debemos engañarnos o esperar que las cosas cambien con iniciativas aisladas pues más allá de lo bien intencionados de estos últimos esfuerzos, las razones de la poca satisfacción por el futuro tienen que ver con los problemas anotados al inicio de este artículo. Por eso es necesario que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo y viviendo como país y nos pongamos a trabajar en ello para no empeorar las condiciones del país y que nuestros jóvenes se vayan y los que se queden lo sufran. A los poderes del Estado les corresponde crear las condiciones para que se recupere la confianza y a los ciudadanos nos corresponde exigir que ello ocurra.
