2023: Un año para la reconstrucción del diálogo social

El año que acaba de terminar fue muy difícil para nuestro país y las cuestiones laborales no estuvieron al margen de eso. Ya se han hecho varios balances del sector laboral durante el 2022 y ellos giran alrededor de la emisión de normas como los decretos supremos que reglamentaron la tercerización de servicios, las relaciones colectivas y la remuneración mínima, que prescindieron del diálogo social y que han merecido, al menos las dos primeras, serios cuestionamientos judiciales y administrativos.

La razón de estos cuestionamientos ha sido la evidente inconstitucionalidad e ilegalidad de las referidas normas, tanto así que el Indecopi y el Poder Judicial han acogido tales denuncias y el primero ya resolvió la ilegalidad de la norma de tercerización mientras que el Poder Judicial viene acogiendo muchas medidas cautelares en procesos de amparo basadas en la afectación de derechos constitucionales como la libertad contractual y la libertad de empresa, entre otros. La segunda norma, el decreto supremo que modifica el reglamento de la Ley de Relaciones, tiene problemas similares y es previsible que el Poder Judicial y el Indecopi concluyan también en su ilegalidad e inconstitucionalidad.

Pero el balance, negativo sin duda, no se agota ahí. La actividad supervisora del Ministerio de Trabajo incluyó medidas que afectaron también a la ciudadanía, como en el caso de la huelga de controladores de tráfico aéreo. Y la actividad fiscalizadora en varios casos llevó a cabo actuaciones arbitrarias que poco a poco están siendo variadas por la propia administración o dejadas sin efecto o revisadas por el Tribunal de la Sunafil y el Poder Judicial.

La actuación de los ministros de trabajo del régimen del expresidente Pedro Castillo, fue decisiva en lo descrito anteriormente y su protagonismo en el Poder Ejecutivo fue muy grande. Fueron cuatro los ministros que pasaron por la referida cartera y tres de ellos, en menos de un año.

En otras palabras, pocas veces el Ministerio de Trabajo tuvo tanta exposición pública y nunca tantas de sus medidas fueron tan cuestionadas.

Pero quizá lo más saltante fue que detrás de esas medidas hubo un marcado ánimo por parte de los distintos ministros de trabajo que precedieron al actual por trasladar el ambiente de polarización, que caracterizó a la escena política que acompañó el gobierno del expresidente Pedro Castillo, al ámbito laboral. Desde la adopción de la “Agenda 19″ como hoja de ruta por la parte del ministro de trabajo Maraví, pasando por el incumplimiento de los convenios OIT en materia de diálogo social por parte de los ministros Chávez y Lira, hasta la renuente actitud del ministro Salas por reconocer que las medidas normativas de sus predecesores eran inconstitucionales e inconsultas, pero sobre todo que incumplieron el diálogo social, todas ellas fueron actuaciones con alta carga ideológica que se plantearon promoviendo la confrontación entre trabajadores y empleadores. Y es evidente que, en medio de la confrontación, poco o nada es lo que se puede construir. Dicho de otra manera, más allá de las normas ilegales e inconstitucionales, de la intervención estatal desalineada con los intereses de la colectividad, de la arbitrariedad y en muchos casos el autoritarismo, lo cierto es que el sector laboral ha quedado polarizado y con una necesidad urgente de diálogo.

En términos de impacto en el mercado de trabajo, si bien estamos ante una lenta recuperación del empleo formal, lo cierto es que, durante todo este período, el sector informal fue el que más creció y menos atención estatal tuvo, generándose mucha desprotección social mientras se modificaba el marco normativo formal, sin diálogo alguno.

De esta manera, si algún reto nos trae el 2023 en el ámbito laboral es la reconstrucción del diálogo y la confianza entre empleadores, trabajadores y Estado. Probablemente deba acudirse a foros complementarios al del Consejo Nacional del Trabajo, porque este fue debilitado por los propios ministros de trabajo anteriores. Asimismo, es posible que haya que insistir en soluciones efectivas como las que el actual ministro de trabajo Eduardo García le dio a la huelga de controladores aéreos en julio último. Probablemente, tenga que dar más apertura a la intervención de empleadores y trabajadores en la formulación de aportes a los proyectos normativos, como ha ocurrido en el caso del reglamento de la Ley de Teletrabajo (aunque bien podrían darse más de diez días para ello). También es posible que se tengan que hacer esfuerzos serios y honestos en la promoción del diálogo social, como los que ya viene anunciando el actual ministro.

Un gobierno de transición como el actual, difícilmente podrá emprender las reformas que equivocadamente quiso implementar el anterior gobierno, pero sí tiene el espacio necesario para reconstruir las relaciones laborales y la institucionalidad y seguir dando muestras de querer hacerlo. Lo importante es que las primeras medidas del actual gobierno y, en particular, las del actual ministro de trabajo, parecieran dar señales de querer ir en ese camino. Si ese es el punto de partida del 2023, estamos entonces por buen camino. Los mejores deseos de éxito en tal propósito.