Imaginemos dos trenes que parten de la misma estación por vías que jamás se cruzan: uno avanza con motor propio, asientos numerados y boletos en regla; el otro se mueve a empujones, sin frenos ni pasajes, cargando además a la mayoría de los pasajeros. Ese es el mercado laboral peruano.
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Solo el 30% de los trabajadores es formal frente a un 70% informal; apenas el 15% cuenta con seguros de jubilación, invalidez y sobrevivencia para su familia, mientras el 85% no tiene ninguno. El mayor sueldo promedio formal bordea los S/ 5,725 mensuales frente a apenas S/ 770 del menor sueldo de un trabajador informal.
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La fractura es también demográfica, de género y sectorial. El 28% de los trabajadores supera los 50 años y el 26% son jóvenes; el 62% de los hombres está en planilla, pero solo el 37% de las mujeres. Tres millones gozan de CTS y gratificaciones frente a quince millones que carecen de ellas. Este año crecerían los sectores construcción, comercio, servicios y manufactura no primaria, mientras pesca, agroexportación, manufactura primaria e hidrocarburos quedarían rezagados. Hasta las recientes elecciones revelaron esos dos Perús, que votan distinto porque viven realidades distintas.
Si tenemos dos Perús, no podemos gestionarlos con una sola política, igual que ningún directorio aprobaría un único plan de negocios para dos mercados opuestos. (Mario Zapata GEC)
Detrás de esa dualidad hay tres males que se retroalimentan: la informalidad, que supera el 70% de la PEA; la baja protección social, con más del 90% de independientes que no cotiza a pensiones; y una productividad estancada desde hace una década. La informalidad priva de seguridad social a millones, la baja productividad impide formalizar de modo sostenible; y la desprotección desincentiva la formalización. Romper ese círculo vicioso exige actuar sobre los tres ejes a la vez. Si tenemos dos Perús, no podemos gestionarlos con una sola política, igual que ningún directorio aprobaría un único plan de negocios para dos mercados opuestos. Empresas y Estado necesitan estrategias diferenciadas por colectivo.
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¿Qué deben hacer las empresas?
Lo primero es conocer a su gente: mapear su fuerza laboral y la de su cadena de valor; construir un tablero por colectivo –edad, género, ingreso y cobertura–; y diseñar planes diferenciados según características, necesidades y valores, en lugar de aplicar una política uniforme. Ello implica identificar a quienes carecen de seguro y medir su exposición a la informalidad de proveedores y contratistas. En formalización, conviene aplicar tolerancia cero a la informalidad en la cadena de suministro (proveedores), digitalizar planillas y tratar la formalidad como ventaja competitiva, no como un sobrecosto.
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En protección social, toca extender seguros de salud, vida e invalidez a los desprotegidos, promover la afiliación previsional, ofrecer coberturas de sobrevivencia, preservar el valor de la CTS y las gratificaciones y diseñar beneficios flexibles y programas de bienestar por grupo. En productividad y capital humano, vincular la remuneración variable a metas verificables, invertir en capacitación –sobre todo de los menos calificados–, adoptar bancos de horas y jornadas flexibles, promover el teletrabajo y negociar planes de productividad y bonos por resultados.
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La diversidad es estrategia: cerrar la brecha de género en planilla, impulsar políticas de cuidado, crear programas de primer empleo juvenil con estándares de protección, aprovechar el talento senior y liderar equipos intergeneracionales con metas de equidad medibles. Y la mirada sectorial es resiliencia: planificar talento donde hay crecimiento, reconvertir capacidades donde hay repliegue, aplicar medidas de seguridad y salud proporcionales al riesgo, y elevar la agenda laboral al directorio.
¿Qué debe hacer el Estado?
Gobernar para ambos Perús a la vez. Primero, aprobar con agilidad las reformas a su alcance para modernizar y agilizar la regulación laboral. Segundo, crear un seguro social universal para informales e independientes que combine un componente subsidiado con otro contributivo proporcional al ingreso. Tercero, garantizar un piso de protección social desvinculado del empleo formal y articular gradualmente la CTS con un seguro de desempleo, sin desmantelar lo que el trabajador percibe como derecho. Cuarto, reorientar a la Sunafil hacia el acompañamiento y los sectores de alta informalidad, dejando de fiscalizar al que ya cumple. Y quinto, impulsar la productividad de las mype –innovación, diversificación y financiamiento– junto a un monotributo que sirva de puente a la formalidad.
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Los promedios mienten: sumar el tren formal y el informal no describe a nadie. No hay un trabajador peruano; hay muchos, con riesgos y aspiraciones distintas. La empresa que segmenta, protege y forma a cada colectivo no solo cumple la ley: gana productividad y legitimidad. Y el Estado que deja de castigar al formal e incluye al informal empieza a soldar las dos vías en una sola. Los tres males no se describen: se cierran ejecutando. Este, junto con la seguridad, son los retos urgentes y claves del nuevo Gobierno.
Jorge Toyama Miyagusuku es socio de Vinatea & Toyama.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.
