Escribe: Luis Vinatea, socio de Vinatea & Toyama Abogados.
Recientemente, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó por mayoría un proyecto de ley que plantea la derogación de la ley 30057, Ley del Servicio Civil, y el decreto legislativo 1023, que crea a la Autoridad del Servicio Civil (Servir). En su lugar, proponen la creación de una comisión encargada de evaluar y preparar un nuevo régimen que, en lo esencial, regule aquello que la norma que se pretende derogar ya hizo. El proyecto deberá ser aprobado por el pleno del Congreso de la República y promulgado por el Poder Ejecutivo para que se convierta en Ley. Ojalá no ocurra ni lo uno ni lo otro.
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Las razones de la Comisión de Trabajo para su propuesta se fundan en la poca adecuación al régimen previsto por la Ley del Servicio Civil por parte de las instituciones públicas, atribuyendo a la Ley problemas que son más bien del Estado, quien no ha implementado la Ley con la rapidez y efectividad que debiera.
La Comisión de Trabajo propone derogar la Ley sin diseñar otra que la sustituya y mejore. Más bien, plantea crear una comisión tripartita integrada por representantes del Congreso, el Poder Ejecutivo y los propios servidores públicos. Se dice que no hay nada mejor que crear una comisión si es que se quiere evitar que algo se investigue o se haga. Bueno, parece ser que eso es lo que propone la Comisión de Trabajo al crear una comisión cuyos integrantes no serían precisamente los más interesados en consolidar un sistema meritocrático que garantice la profesionalización de los servidores públicos.
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Esto último debe resaltarse porque tiene relación con la contraprestación que debemos recibir los ciudadanos por los impuestos que pagamos. La ciudadanía tiene derecho a recibir buenos servicios por parte del Estado y este, a su vez, tiene la obligación de congregar a buenos profesionales. Pero para eso es necesario atraerlos y para ello se requiere sujetarlos a un régimen competitivo en el que puedan progresar por su competencia y logros y no por decisiones que, cuando no hay meritocracia, suelen ser discriminatorias o arbitrarias, cuando no subjetivas o políticas.
Parecería curioso que un grupo de congresistas no sujetos a la Ley del Servicio Civil ni a un régimen meritocrático, propongan su derogatoria cuando esa norma no los afecta. Pero la meritocracia es un freno contra el clientelismo político. Dar empleo en el Estado sin un régimen de competencia como el que permite la meritocracia es una tentación muy grande para los grupos políticos que no tienen puesta su atención en la ciudadanía sino en la explotación o en el aprovechamiento de los bienes públicos.
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Los ciudadanos tenemos que prestar atención a iniciativas como estas y oponernos firmemente a ellas, como lo ha hecho el propio Servir en un comunicado muy preciso difundido hace unas semanas. Si esta iniciativa prosperase, renunciaremos a la profesionalización del servicio civil, renunciaremos a los sistemas de control y sanción creados para mejorarlo y hacerle frente a los malos servidores públicos y perderemos más de diez años de reforma de la administración pública.
No hay caso más grave de mal utilización de los fondos públicos que la contratación de personas que no tienen los méritos para prestarnos un servicio y que puedan responder a intereses políticos. La única manera de evitar que eso ocurra es por medio de la meritocracia: si la meritocracia la consideramos natural en el sector privado, no hay razón para no hacer lo mismo en sector público. La iniciativa de la Comisión de Trabajo y la Seguridad Social es una mala idea y debemos exigirle al pleno del Congreso que la deseche.
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