Escribe: Luis Vinatea Recoba, socio de Vinatea & Toyama
Hace unos días difundimos nuestro informe Juicios laborales 2025: situación actual, tendencias y retos, que analiza la situación de la justicia laboral en Perú, destacando tendencias, desafíos y el impacto de las reformas recientes en los procesos judiciales, basado en evidencia numérica y estadística. Esta información puede ser importante para quienes estén interesados en el funcionamiento del Poder Judicial, para quienes quieran promover cambios para mejorar su funcionamiento y para quienes desarrollan sus actividades o tienen reclamos laborales. Así, el informe, permitiría que las decisiones y medidas a adoptarse cuenten con información objetiva que muestre los problemas más saltantes de la justicia laboral.
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Los hallazgos muestran, primero, que los juicios laborales han aumentado hasta cerca de 220 mil demandas nuevas a nivel nacional, aunque aún no alcanzan el número de demandas previas a la pandemia; en segundo lugar, que la justicia laboral es muy requerida por los trabajadores del sector público, cuyos reclamos representan el 40% de toda la carga judicial en materia laboral; y, tercero, que, en el sector privado, muchos trabajadores prefieren recurrir a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en lugar de judicializar sus conflictos. De hecho, del total de inspecciones que se realizan al año, cerca del 70% de ellas se inician por denuncias presentadas por los trabajadores.
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El informe también muestra que los reclamos judiciales de los trabajadores del sector privado se concentran en cuatro áreas principales: pago de remuneraciones y beneficios sociales (31%), impugnaciones de despidos (30%), daños y perjuicios (11%) y desnaturalización de contratos en un porcentaje que sumado a otras materias no es representativo. Es decir, los reclamos, aun cuando no es posible determinar los montos que involucran, sí expresan que su contenido es principalmente económico.
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Respecto de los resultados de la resolución de los casos por parte de los jueces, el informe muestra que el 75% de las sentencias laborales de primera instancia son confirmadas en la segunda, el 15% son revocadas y el 10% son anuladas. Esto revela dos cosas: la primera, que los procesos orales parecieran permitir que los jueces resuelvan con un grado de certeza que motiva que los jueces que actúan como segunda instancia se inclinan por confirmar lo que los de primera resuelven. Y lo segundo, que revertir un resultado desfavorable en primera instancia no es una tarea sencilla. Esto impone un reto a los litigantes: deben hacer un muy buen trabajo en primera instancia.
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Lo anterior tiene inevitablemente conexión con la reforma del recurso de casación laboral que entró en vigor en el 2023. Dicha reforma ha limitado considerablemente las posibilidades de recurrir a esta instancia, lo que determina que las sentencias que no se modifican en segunda instancia, pasan a ser, salvo excepciones, sentencias definitivas. Lo anterior es tan plausible, que, en su primer año, como lo muestra el informe, la reforma ha reducido en 40% el número de procesos judiciales que ingresan a la Corte Suprema y los casos que no llegaron a esta instancia, terminaron en la Corte Superior.
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A pesar de que lo anterior muestra una mayor rapidez en la resolución de juicios en primera y segunda instancia, la carga procesal en la etapa de ejecución de sentencias crecerá más rápido (porque un número importante de procesos ya no llegará a la Corte Suprema) e incrementará el número de los casos que están pendientes de ejecución y que hoy representan más del 50% del total de los casos laborales en trámite. Esta circunstancia es muy posible que comience a mostrar un nuevo problema de falta de eficacia de la justicia laboral y es necesario enfrentarlo, quizá desarrollando estrategias para ejecutar las sentencias con juzgados que provisionalmente se dediquen a esa tarea.
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El informe contiene mucha información interesante que vale la pena revisar, aunque no aborda problemas como la falta de uniformidad en los criterios de los órganos jurisdiccionales, la ausencia mayoritaria de jueces titulares y la falta de mecanismos eficientes para la difusión de decisiones que afectan la predictibilidad y eficiencia de la justicia laboral. Mejorar estos aspectos y capacitar a los jueces es clave para garantizar un acceso más equitativo y eficiente a la justicia.
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El informe evidencia que la justicia laboral en Perú enfrenta desafíos importantes y por lo tanto, ofrece oportunidades de mejora. La judicialización de conflictos laborales está en aumento, con una especial concentración en el sector público. Y si bien las reformas recientes han tenido un impacto significativo, acelerando la resolución de casos, también están generando nuevos desafíos, especialmente en la etapa de ejecución de sentencias. La toma de decisiones informada y basada en evidencia será clave para fortalecer la equidad y eficiencia del sistema judicial laboral en Perú.
