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El sociólogo Zygmunt Bauman decía que la principal crisis de la democracia es el colapso de la confianza. El ciudadano no confía en sus instituciones ni en los políticos. En una entrevista al diario El País menciona que el fenómeno es global, pero actuamos en términos parroquianos o locales.
En nuestro mercado laboral, varios hechos van en línea de profundizar la desconfianza. Durante la pandemia, los centros de trabajo se han regido por protocolos específicos. Voceros del gobierno comentaron que ya no se usarán las mascarillas en general, pero la norma demoró varios días y salió sin ninguna referencia a las normas sanitarias laborales que siguen exigiendo mascarillas. Por Twitter, el Ministerio de Salud (Minsa) nos dice que ya no se usarán en los centros laborales. ¿Se debe o no utilizar mascarillas en las empresas? ¿Las redes sociales mandan sobre la norma legal?
Se produce una huelga en una empresa minera. Por competencias regionales, el procedimiento se conocía en Ica y la entidad regional la declaró improcedente. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha declarado, la misma huelga, procedente. Una resolución procedente a favor del sindicato y otra improcedente a favor de la empresa. ¡Qué tal inseguridad jurídica!
No funciona el Consejo Nacional de Trabajo, donde el Estado debería promover el diálogo social. La aprobación de la Remuneración Mínima Vital (RMV), la prohibición de las tercerizaciones nucleares y los cambios en las relaciones sindicales y huelgas son las tres normas principales de este Gobierno y se han emitido a espaldas del diálogo y con una inclinación hacia un lado de la mesa. Hasta la fecha, no se conocen las razones técnicas del monto de la nueva RMV; la prohibición de la tercerización se opone a la ley y a la libertad de contratación, además de ser inusuales estas prohibiciones en el mundo; y el reglamento sindical impide el arbitraje a las empresas, entre otros.
Los políticos con cargos de confianza rotan, pero las gerencias técnicas se deberían mantener. Desde hace muchos años, un grupo de funcionarios públicos se desempeñaba en posiciones de confianza y tenían un alto nivel técnico. Era frecuente ver a este cuerpo técnico como jefes de gabinete, secretarios generales o asesores. Naturalmente, siendo posiciones de confianza, rotaban entre ministerios y entidades. En el actual gobierno estos profesionales han sido reemplazados por funcionarios que, en su mayoría, no tienen experiencia ni las calificaciones técnicas. La correcta asesoría técnica, el óptimo camino ético y la modulación delicada entre lo político y lo técnico poco se aprecian en estos tiempos. Una de las razones principales: la salida de muchos funcionarios técnicos de carrera. Una pena. Pierde el Perú, una vez más.
El Gobierno representa a todos los peruanos. El diálogo, las normas y la actuación política deberían ser ampliamente debatidas y recoger todas las posiciones. La sostenibilidad de un mandato político se fortalece con el respeto a todas las instituciones y a las variadas posiciones, revisando antes la legalidad de las normas y sus efectos en la economía. La confianza para invertir está en sus peores niveles en décadas y la incertidumbre que se vive por la microrregulación, así como por la actuación vertical están generando que el empleo formal esté estancado, la productividad laboral siga cayendo y seamos cada vez menos competitivos.
¿Qué hacer para que el Gobierno comprenda la crisis que vivimos? Tres mínimas acciones: Primero, la convocatoria a funcionarios técnicos de primer nivel que puedan modular los lineamientos políticos en la economía y la sociedad. Solo con ministros y gerentes públicos altamente competentes podemos ir recuperando la institucionalidad destruida y la confianza. Segundo, concesiones a favor del diálogo social. La intervención del Estado debería ser la última vía, cuando sea urgente e inevitable. ¿Qué pasaría si el Estado cede la conducción del diálogo social a sindicatos y empresas? Las normas y los cambios serían el fruto de las concesiones recíprocas y así tendríamos leyes legítimas y más sostenibles. Y tercero, énfasis en la protección social. El foco no debería ser otorgar más derechos a los formales sino asegurar protección social para la gran mayoría (informales e independientes). Prioritario debería ser otorgar más seguros sociales antes que menos jornadas laborales para el 23% formal. Prioritario debería ser brindar pensiones de invalidez u orfandad a los informales (77% de peruanos) o independientes (60%), antes que más feriados para los trabajadores formales.
Nuestra generación se tendrá que valer de sus ahorros, de la ayuda de nuestros hijos o de inversiones que tengamos para atender nuestra jubilación y las atenciones médicas que necesitaremos. Del Gobierno y, de todos nosotros, dependerá que nuestros hijos y nietos tengan protección social mínima.
