Socio de Vinatea & Toyama
En nuestro trabajo diario, nos suelen preguntar ¿qué debemos hacer para superar los graves problemas laborales del país y que impiden nuestro desarrollo? Los problemas son viejos y complejos. De las alternativas de solución que tiene el Perú y lo que quisiéramos dejar como legado posible, podríamos enfocarnos en los siguientes temas.
Alta desprotección social. Solo uno de cada cinco peruanos tiene cobertura regular en salud, pensiones y riesgos, es decir, cuatro no tendrán pensión de jubilación o sus hijos no recibirán una pensión de orfandad si fallecen en un accidente. El Estado debería fiscalizar y promover la formalización en zonas, empresas y actividades sin personal en planillas. Nos debe sensibilizar para tener un seguro de jubilación y salud y dejar atrás la cultura del “así no más”. Las empresas, grandes y pequeñas, deberían tener a sus trabajadores en planillas. Los independientes deberían asegurarse. El “carnet” del seguro social debería ser más relevante que el DNI.
Alta informalidad. No debería haber proveedores del Estado que no tengan trabajadores en planillas. Nuestros dentistas, gasfiteros y abogados independientes deberían emitir comprobantes siempre. Las empresas y el Estado deben exigir un trato adecuado a los terceros. La inclusión no solo es poner en planilla, también debería ser un imperativo tratar bien a los terceros, contratistas y “services”.
Muy baja productividad laboral. Un trabajador peruano contribuye tres veces menos al PBI que su par chileno. ¿Qué incentivos tiene una empresa para contratar a un practicante en planillas? ¿De qué manera el Estado evita que más de la mitad de los estudiantes universitarios sigan una carrera con bajo margen de colocación? ¿Qué incentivos reciben las microempresas para invertir en tecnología y desarrollo? La meritocracia, los valores y la cultura de la mejora continua debe estar en el ADN de los peruanos y ser una exigencia para los funcionarios públicos. Comienza en casa pero también debe estar en los perfiles y en la actuación del Estado cuando brinda un crédito blando a un emprendedor o cuando premie a los mejores médicos o ingenieros egresados del país.
Respeto y transparencia. Una empresa muestra su alta reputación en el mercado pero no pone a sus trabajadores en planillas. Dirigentes sindicales se reeligen en sus cargos pero en público critican la reelección de autoridades en el poder. ¿Por qué se necesita de un maltrato laboral mediático para recién cambiar a un mal jefe o pagar los beneficios sociales? La educación empieza por casa y los colegios. Los maestros deben ser mejor retribuidos y, a su vez, más exigidos para mejorar su desempeño y tener mejores estudiantes, mayor cultura y respeto.
Trato igualitario. Una regla simple pero tan difícil de cumplir. No regular solo para el 10% de la PEA laboral que generalmente está en planillas de una gran empresa sino también al 90% que realmente lo necesita. No hay una Sunafil para hacer inspecciones laborales en el Estado. En el propio Estado, hay trabajadores fuera de planillas, por “órdenes de servicios”, trabajadores CAS (con casi, pero no todos sus derechos), personal del régimen público pero que son trabajadores en el régimen laboral del sector privado. Por otro lado, hay directivos que exigen un alto clima laboral pero suelen diferenciar en la calidad de su menú respecto de otros trabajadores. Muchos ministros y autoridades tienen el auxilio policial para bloquear calles y pasar, pero una ambulancia depende de la buena voluntad de los conductores.
Competitividad global. Estamos entre los diez países con más feriados y con mayor rigidez en lo laboral en el mundo. Las empresas y emprendedores peruanos compiten en mercados globales. ¿Hay alguna norma del Congreso que realmente nos vuelva más competitivos, atraiga más inversión extranjera, que cada vez más se aleja del país?
¿Qué necesitamos? Un acuerdo nacional, pero que sea real. Tenemos las instancias para hacerlo. Un acuerdo vinculante y tangible, no meros papeles o normas líricas: Un Plan Estratégico Nacional. Así, toda iniciativa de ley, toda política de Estado, todos los presupuestos, deberían alinearse a ese plan que tiene un propósito, brechas a cerrar e hitos claros así como indicadores en el tiempo. Este plan debería guiar los debates y la agenda del Congreso. Sería la herramienta para que los ministerios y los organismos del Estado regulen las políticas sectoriales. Los gobiernos regionales y locales deberían seguir este plan para llegar a los ciudadanos de a pie. El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional deberían resolver conflictos y sancionar según las claves del plan. Nuevos presidentes, nuevos congresistas, ministros flamantes, funcionarios que ascienden, todos estarían obligados a observar el plan nacional.
El gobierno actual tiene el mandato y el deber. En esta suerte de “transición” política, hacer lo correcto es lo que toca. A nosotros, como sociedad, nos toca exigir, persuadir y participar.
