Pero no basta

INFRAESTRUCTURA. Casi al terminar la conferencia de prensa en la que se anunció el “Plan Unidos” –una combinación de medidas fiscales para reactivar la economía y de proyectos a mediano y largo plazo–, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, ofreció las que podrían considerarse las mejores noticias del evento. Es que no se trata de planes futuros, sino de obras que ya están en marcha, o listas para arrancar, y de inversiones prometedoras, en un sector que las necesita con urgencia: infraestructura de transportes.

El titular del MTC citó el 60% de avance en la ampliación del Muelle Sur, en el Callao (US$ 400 millones de inversión), la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modernización del Muelle Norte en el mismo puerto, los US$ 1,315 millones de la estatal china COSCO Shipping en el megapuerto de Chancay, que estará listo a fines del 2024, y la venta a la administradora de fondos Global Infrastructure Partners (GIP) del 50% de Tramarsa, la empresa del Grupo Romero que tiene la concesión del puerto de Matarani. GIP, con sede en Nueva York, maneja inversiones por US$ 87,000 millones y tiene participación en negocios de transportes, energía (incluida renovable), agua y desagüe, e infraestructura digital en cuatro continentes. La asociación con Tramarsa es su primera transacción en el Perú.

Pérez-Reyes también mencionó la modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (US$ 2,000 millones de inversión), que estará lista en enero del 2025, los US$ 800 millones para el Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco), el nuevo terminal del aeropuerto de Chiclayo (US$ 409 millones) y la nueva pista del ubicado en Piura. Dijo que estas obras impulsarán el turismo, aunque su principal efecto sería mejorar la competitividad de las exportaciones. También anotó que se trata de compañías extranjeras privadas –aunque la que construye en Chancay es estatal–.

El objetivo de la recopilación que hizo el titular del MTC fue mostrar que sí hay inversión privada en el país y, por consiguiente, que existe confianza de las empresas que tienen a su cargo esos proyectos. Sin embargo, esa extrapolación pareció un tanto forzada, pues la mayoría de dichas obras data de antes de los regímenes de Pedro Castillo y Dina Boluarte, así como de la gestión del actual Congreso –y del anterior–. Además, todos estos negocios necesitaron años para materializarse. Lo que cabría preguntarse es si en estos momentos existen planes de inversión nuevos o postergados. Es que es evidente que la confianza sigue de capa caída.