Patricia Benavides: Fiscalía advierte de que habrían coordinaciones para que testigos no declaren

Esta mañana, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de Juan Carlos Checkley, realizó la audiencia en la que se evaluó el pedido del Ministerio Público para que se imponga a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la medida de impedimento de salida del país por el plazo de 36 meses.

Durante su exposición, el fiscal Marcial Páucar recordó que Benavides es sindicada de ser la lideresa de una organización criminal enquistada en su institución, así como alertó que su comportamiento ha puesto en cuestión su voluntad de someterse a la justicia.

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Por ejemplo, dio cuenta de los diversos viajes al extranjero que hizo en los últimos años, en el que se evidenció la facilidad que tiene para salir del país. Esto incrementaría el riesgo de fuga.

Además, recordó que, de acuerdo con la declaración jurada que presentó Benavides, la madre de su cónyugue tiene nacionalidad chilena. En tanto, su esposo, también de nacionalidad chilena, tendría vinculaciones con diversas empresas, por lo que la investigada tendría diversas facilidades para abandonar el Perú.

“Patricia Benavides actualmente no cuenta con arraigo laboral, ya que ha sido suspendida en el cargo por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)”, recordó Páucar.

Organización seguía operando pese a suspensión de Benavides

El fiscal reveló que luego de ser suspendida en sus funciones, Benavides ha constituido patrimonio de sus bienes en favor de sus hijas, lo que llamó la atención.

También advirtió que su presunta organización criminal habría continuado con sus actividades ilícitas. Esto, a pesar de que la magistrada ya no ostentaba el poder en el Ministerio Público.

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“Conforme a lo que dijo un testigo protegido, todavía se mantendrían coordinaciones a efectos de que algunos testigos o pruebas no se puedan llevar a cabo o no se puedan alcanzar a este despacho”, remarcó.

Finalmente, Páucar manifestó que Benavides enfrenta investigaciones por delitos que tienen como pena máxima hasta 15 años de cárcel, que pueden aumentar si se juntan todas las imputaciones.

“No me corro de la justicia”

En respuesta, Benavides rechazó las imputaciones realizadas por la Fiscalía y aseveró que “no se corre del sistema de justicia, pero eso sí, se defiende con la Constitución y las leyes”.

“Estoy aquí para ejercer mi derecho de defensa. Respeto todas las investigaciones, pero no me pueden negar a exigir que se respete el debido proceso. Nunca he vulnerado el debido proceso de un investigado y he respetado siempre los derechos fundamentales de ellos y las víctimas, pero siempre hay un revanchismo”, acotó.

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La suspendida fiscal de la Nación cuestionó que se pida en su contra un impedimento de salida del país por por el simple hecho de las declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz que aún no han sido corroboradas.

“¿Le parece justo eso? Estamos ante usted para que, en su función de juez de garantía, resuelva conforme a la Constitución y las leyes. No me corro del sistema de justicia, no temo a una investigación o decisión judicial”, enfatizó.

Finalmente, dijo que todos sus viajes al exterior fueron autorizados por la Junta de Fiscales Supremos y recalcó una ves más que no tiene miedo al sistema de justicia

En tanto, su abogado, Christian Salas, consideró que no existen suficientes elementos de convicción en contra de su patrocinada, tal como señala la Fiscalía. “Hay datos indiciarios que se deben seguir investigando”, dijo.

El abogado señaló que el hecho de que Benavides esté casada con un extranjero no quiere decir que se vaya a fugar del país. En ese sentido, remarcó que su clienta no tiene muebles, negocios o familia directa en el exterior. “Tiene arraigo familiar”, agregó.

Finalmente, manifestó que para formalizar la investigación preparatoria seguida contra la fiscal no es necesaria su presencia. Es más, señaló que si, incluso, se presentara una denuncia constitucional en su contra en el Congreso, este pedido “tiene la alta probabilidad de que no sea aprobado en el actual contexto”.

Tras escuchar los alegatos de las partes, Checkley dejó al voto su decisión y que será notificada a los involucrados en el plazo de ley.

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