Cuidemos las instituciones

Ya en más de una oportunidad nos hemos pronunciado en esta columna sobre el daño que le ha venido costando a nuestra institucionalidad democrática el intento desproporcionado del Congreso de destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Ello pues, a juzgar por la forma y rapidez con la que se presentaron las acusaciones en su momento, quedó claro que estas tenían un trasfondo más político que técnico.

Para que un país pueda generar confianza en el mundo de hoy, resulta elemental que su sistema de justicia –que, en nuestro caso, incluye a la JNJ, en tanto es el organismo que nombra a los jueces y fiscales– se perciba como independiente del político, que descansa en representantes electos, quienes suelen tener más incentivos para priorizar sus intereses políticos de corto plazo antes que lo que beneficiaría más al país en el largo plazo. ¿Qué confianza podrían generar en el exterior jueces y fiscales temerosos e influenciables por los políticos de turno?

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En este contexto, es entendible y, de hecho, en principio algo positivo, que nuestro sistema de pesos y contrapesos permita que un organismo constitucional corrija una situación potencialmente inconstitucional. Sin embargo, sí es pertinente cuestionar si la reciente decisión del Poder Judicial de reponer a Inés Tello y Aldo Vázquez en la JNJ –como se recuerda, ellos habían sido destituidos e inhabilitados por el Congreso en diciembre– debería haberla tomado la Corte Superior de Lima o si, por ejemplo, no sería mejor que casos tan relevantes lleguen directamente a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional.

Cuando ocurren este tipo de enfrentamientos, quien pueda tener o no la razón en el fondo importa menos que el efecto práctico que ese conflicto pueda tener en la percepción de qué tan sólidas son nuestras reglas democráticas. Y, por ende, en la confianza que estas generan de que estas son claras y van a ser respetadas ante cualquier circunstancia.

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Ciertamente, la imagen de que en el Perú la política influye más de lo debido en la justicia no ha aparecido recién con este enfrentamiento. Se trata de un problema de larga data, pero también de uno que la creación de la JNJ debía ayudar a resolver. Lamentablemente, la incapacidad de nuestros políticos de turno y también la de la propia JNJ han terminado por petardear esa esperanza.

Por el bien de nuestro país, urge que todos los involucrados en este enfrentamiento puedan poner por encima la institucionalidad democrática antes que sus intereses individuales. De lo contrario, las consecuencias las sufriremos todos en el largo plazo.