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Los dos principales poderes del Estado —el Ejecutivo y el Legislativo— han llegado a un claro acuerdo: sobrevivir, a como dé lugar, los próximos 36 meses, ignorando desdeñosamente el sentir popular que en las calles y las encuestas nos piden (me incluyo) “que nos vayamos todos”. Se trata de un acuerdo tácito, revelado sutilmente por los vigorosos aplausos de las bancadas de derecha, centro e izquierda cuando la presidenta en ejercicio, Dina Boluarte, hizo referencia al 2026 como fecha de culminación de su gobierno, durante el discurso por el aniversario patrio.
La historia política del Perú—desde los albores mismos de la república—nos advierte que este tipo de acuerdo tiende a la inestabilidad, por lo que es importante dotarlo de bases más firmes que la simple conveniencia. Para ello, hace falta una “agenda” que conecte lo más pronto posible con el sentir ciudadano y le devuelva en alguna medida la esperanza y la ilusión. Pero, antes, debemos poner en marcha una estrategia de restauración del diálogo y la paz social que vaya más allá de “las mesas de diálogo”, o de reactivar el soporífero Acuerdo Nacional. Una estrategia que tenga como protagonista principal a la propia Sra. Boluarte, ya que su primer ministro, Alberto Otárola, ya cruzó el punto de no retorno en la repulsa popular.
De igual manera, para poner en marcha una agenda que tenga posibilidades de “conectar” e ilusionar a la ciudadanía, es necesario combatir de manera frontal y sin ambages la corrupción —a todo nivel— i) desarticulando las mafias de las empresas constructoras (antes brasileñas, hoy chinas, en colusión con empresas peruanas) que degradan la inversión pública; ii) poniendo en evidencia y castigando el contubernio entre el crimen organizado (el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, etc.) y quienes supuestamente tienen el encargo de combatirla —esto es, policías, fiscales y jueces—; y iii) acabando con la “cultura de impunidad” que legitima de manera perversa el dinero mal habido a costa del Estado.
En cuanto al Congreso, las tareas no son muchas, pero son de vital importancia. Avanzar con la reforma política, en particular todo lo relacionado con los partidos y sus mecanismos de democracia interna, haciendo obligatorias las primarias; impulsar la creación de distritos electorales uninominales para mejorar la representatividad y la rendición de cuentas congresal; buscar la bicameralidad —pero sin los defectos del proyecto actual que crea la figura de senadores regionales (sic), entre varias otras rarezas —. Repensar la descentralización y promover la digitalización de los servicios públicos, en particular los relacionados al sector justicia (expediente electrónico) y al sector salud (historia clínica electrónica). Pero, también deberá el Congreso abocarse a la reforma de su propio reglamento interno para asegurar los derechos congresales de todos y cada uno de los miembros del Parlamento —independientemente de si pertenecen o no a una bancada (como es mi caso)— e introducir mecanismos de control y sanción más efectivos que los actuales —tan ambiguos, lentos y hasta generosos con mochasueldos, maltratadores, “congresistas a distancia” y hasta supuestos violadores—.
El Ejecutivo, por su parte, tiene una tarea enorme en el corto, mediano y largo plazo. Primero que nada, mejorando la seguridad ciudadana, pero no con artificios como la creación de una “policía de orden y seguridad”, sino invirtiendo en serio, dotando a la policía del dinero necesario para pasar de 140 mil a por lo menos 180 mil policías bien apertrechados, bien entrenados, con autos y motocicletas que funcionan, con internet en todas las comisarias, y sin la amenaza de denuncias fiscales por quítame esta paja.
En cuanto a la economía, el Gobierno de la Sra. Boluarte debe poner el pie en el acelerador y entender que Con Punche Perú es “too little too late”, que crecer a 1 por ciento es retroceder, que se necesita un plan de reactivación diferenciado para el sur del país, que urge iniciar una verdadera revolución del agro mediante el uso masivo de tecnología, métodos modernos de gestión, y fondos concursables dedicados a la I + D en agricultura, y que el combate a la anemia en niños de 0 a 5 años y la generación de empleos y programas de capacitación para los jóvenes deben ser objetivos prioritarios de su política general de gobierno. Entender también que la masificación del gas natural debe ser estimulada principalmente por esquemas de subsidios a la demanda, que es necesario impulsar los programas de compras estatales, incluyendo la compra de medicamentos, haciendo uso de lo más avanzado de la tecnología (blockchain e inteligencia artificial) para maximizar transparencia y eficacia, que la reforma pensionaria debe ser articulada a políticas tributarias y de empleo que le den coherencia y predictibilidad, y que no podemos seguir dejando pasar las oportunidades, por lo que urge impulsar la puesta en marcha de los proyectos mineros en cartera. Una agenda mínima que en las actuales circunstancias tiene sabor y color de agenda máxima.