Una nueva arma está ganando terreno en la lucha contra las consecuencias económicas del COVID-19: la venta de deuda diseñada para aliviar el sufrimiento.
Los Gobiernos y las empresas en los mercados emergentes han vendido más de US$15,900 millones de los llamados bonos sociales en lo que va de año, rumbo a superar el total del año pasado, según datos compilados por Bloomberg al cierre del 16 de julio. Estos bonos, cuyos ingresos están destinados específicamente a proyectos que abordan necesidades humanas, como la salud, el hambre y la educación, ya han atraído nuevas inversiones para Chile y Ecuador, y pronto, para Ghana.
Ninguna nación esquivó por completo los efectos secundarios sociales de la pandemia, que eliminó puestos de trabajo, aumentó la pobreza y exacerbó la desigualdad en todo el mundo. Estos males se han agravado aún más por la implementación de las vacunas, ya que en las naciones con mayores ingresos las campañas de vacunación han sido más de 30 veces más rápidas que en los países de ingresos más bajos. Ese es el desafío y la oportunidad que presenta la deuda social. Los bonos ya están comenzando a robar la atención de los bonos verdes y han ayudado a elevar el total de los instrumentos ASG (ambiental, social y de gobernanza corporativa) a US$ 3 billones a medida que el mercado busca inversiones más responsables.
“Estamos viendo claramente un enfoque creciente después de la pandemia en la generación de empleo y en el acceso a la atención médica, las que serían actividades que podrían empaquetarse como ingresos de un bono social”, dijo Rahul Ghosh, director gerente de participación e investigación ASG para Moody’s ESG Solutions.
Es fácil entender las razones por las que los líderes de todo el mundo en desarrollo están prestando tanta atención. El virus diezmó las economías locales, dejando de manifiesto la demanda de programas sociales e impulsando a miles a manifestarse. Si bien los eventos idiosincráticos suelen desencadenar protestas, el empeoramiento de la desigualdad, la inseguridad alimentaria y los derechos sociales agravan el problema, como se ha visto recientemente en países de todo el mundo como Sudáfrica, Cuba y Colombia. La deuda social ofrece una posible solución, proporcionando fondos que pueden utilizarse para abordar problemas similares ahora y en el futuro.
Este tipo de deuda saltó al radar de los inversionistas cuando la Unión Europea batió récords históricos por el tamaño del libro de pedidos en la venta de su primer bono social el año pasado, y desde entonces el bloque se ha convertido en el principal emisor del mundo. En los mercados emergentes, la mayor cantidad de ventas en instrumentos sociales del año provino del Gobierno chileno, según datos compilados por Bloomberg. Ahora es probable que se produzcan más debuts.
México vendió su propio bono ASG a principios de julio vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que incluyen iniciativas de igualdad de género, fin del hambre y agua potable. Mientras tanto, Eslovenia cautivó a los inversionistas a finales de junio con una nota de sostenibilidad para gasto ecológico o social, que fue sobresuscrita en más de 10 veces.
Por supuesto, se necesita tiempo para construir la infraestructura necesaria para vender bonos ASG, lo que dificulta que los países se unan rápidamente a la ola. Brasil e Indonesia se encuentran entre las naciones que han mostrado interés en dar la bienvenida a una base más amplia de inversionistas a través de mandatos ASG. Indonesia ya ha vendido deuda verde y ahora está explorando la emisión de bonos vinculados a objetivos de desarrollo sostenible.
Para la creciente generación de fondos éticos con sede en Europa y Estados Unidos más acostumbrados a centrarse en los mercados desarrollados en lugar de en los mercados fronterizos, estos nuevos activos pueden satisfacer la necesidad social, pero también abren riesgos en torno a la gobernanza. Hay una preocupación entre algunos participantes del mercado de que los países podrían usar ambiciosas promesas sociales para obtener dinero sin cumplirlas.
El año pasado, México llamó la atención de los escépticos, ya que no existe un mecanismo de ejecución para garantizar que el efectivo se utilice teniendo en cuenta las consideraciones sociales.
No obstante, más fondos siguen invirtiendo en deuda ética. iShares JP Morgan ESGUSD EM Bond UCITS ETF, denominado EMSA, atrajo más de US$611 millones en entradas el año pasado, en comparación con alrededor de US$329 millones en todo 2019. Las acciones del fondo cotizado en bolsa, que siguen el rendimiento de un indicador de ASG del mundo en desarrollo, subieron un 5,1% durante el año pasado, según datos compilados por Bloomberg al cierre del 16 de julio.