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Según señala la resolución 258-2020-MTC, emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el pasado 7 de mayo, los buses de transporte provincial tendrán un nuevo protocolo para lo que resta del año mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Además de medidas específicas de limpieza, desinfección y protección; el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha emitido la restricción más importante de todo el documento: los buses solo podrán operar al 50% de su capacidad.
En diálogo con José Navarrete, presidente de la Asociación de Propietarios de Buses Interprovinciales del Perú (Cotrap-Apoip), manifestó que, si bien no ha salido un protocolo específico para el transporte interprovincial, pero en caso se aplicase un protocolo similar al ya emitido para el transporte provincial –con restricción del 50% de pasajeros-, sería económicamente inviable el retorno de las empresas de transporte a la operación.
“Indudablemente si el protocolo es como el de transporte provincial, que está considerando un 50% de la capacidad de los buses, definitivamente no vamos a poder trabajar con eso. Es imposible. Con el 50% de capacidad, se trabaja a pérdida y no tiene razón de ser. En un año normal, con ocupación promedio anual de 80%, las empresas obtienen utilidades de 1% o 2% sobre la renta. Si así es con el 80%, con el 50% de ocupación se va operar a pérdida”, manifestó Navarrete a Gestión.pe.
El representante del transporte interprovincial se mostró respetuoso de los protocolos sanitarios, pero consideró que para que el transporte formal provincial e interprovincial pueda funcionar bajo estas condiciones, debería haber subsidios del Estado, de lo contrario no podrá haber operaciones formales.
“El transporte a pérdida no va a funcionar. Tendría que subvencionar el Estado porque ni en el transporte urbano va a funcionar. Están haciendo protocolos que no son económicamente posibles, salvo que el Estado subvencione. No hay otra alternativa. De lo contrario, se va a informalizar e ilegalizar totalmente el transporte en el país”, señaló Navarrete.
Justo en el contexto en el que el Congreso aprobó una ley para formalizar al taxi colectivo en todo el país, excepto en Lima y Callao, Navarrete consideró que el protocolo también puede contribuir, involuntariamente, a que el transporte provincial e interprovincial se vuelva informal o ilegal. Es decir, podrían verse ómnibus provinciales o interprovinciales que aglomeren gente, yendo en contra de los protocolos sanitarios para evitar el contagio del COVID-19.
“Los congresistas lo que están tratando de hacer es legalizar este sistema ilegal que lo que va hacer es tener un desbarajuste de la ciudad y las carreteras. Todo el transporte se va a convertir en ilegal o informal. Ilegal es el que no tiene autorización y opera. Informal es el que tiene autorización, pero actúa al margen de la ley. Ilegal es el que trabaja sin autorización, y eso es la mayoría en el transporte interprovincial porque ninguna de las camionetas que circulan en las ciudades no tienen autorización para nada", manifestó Navarrete.