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Desde mayo de este año hasta la fecha un total de 92,668 usuarios utilizaron la Ficha Única del Proveedor, una herramienta creada a raíz de la integración e interoperabilidad del Registro Nacional de Proveedores (RNP) con bases de datos administradas por otras entidades públicas, informó el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
A través de esta herramienta el OSCE ha puesto a disposición de las entidades públicas, compradores y ciudadanía en general, información sobre los proveedores del Estado, tal como su composición, socios/as, accionistas, representantes legales, otros antecedentes de los proveedores (penalidades contractuales y sanciones impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado).
En el caso de los consultores y ejecutores de obras, se da a conocer su experiencia acreditada ante el RNP durante los últimos 10 años.
De este modo, la herramienta recibe un promedio de 2,100 usuarios por día.
La Ficha Única del Proveedor incorpora información sobre impedimentos para contratar con el Estado, en el marco de lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. Así, incorpora información de la Secretaría de Integridad Pública, a partir de la cual se puede identificar a proveedores impedidos por vínculo de parentesco.
De igual manera, incorpora información del Jurado Nacional de Elecciones sobre autoridades vigentes por elección popular, inhabilitaciones establecidas por mandato judicial, inhabilitaciones administrativas dispuestas por organismos como el Indecopi, acceso al Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional, y acceso al Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.
La herramienta ofrece, además, alertas que permiten identificar elementos que podrían dar lugar a algún supuesto de impedimento, a fin de que, en el caso concreto, las entidades contratantes puedan verificar si en efecto se configura el impedimento o no.
El OSCE recordó que la Ficha Única del Proveedor no sustituye la responsabilidad de los proveedores de presentar, durante los procedimientos de selección, la declaración jurada de no encontrarse impedido para postular y/o contratar con el Estado; ni sustituye la responsabilidad de las Entidades contratantes de realizar la fiscalización posterior de lo declarado y/o presentado por los proveedores.