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Como ha informado Gestión, el Congreso de la República avanza con la reforma de la Ley de Contrataciones del Estado, proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. A espera de que las comisiones de Economía y Descentralización dictaminen la propuesta, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha oficializado nuevos cambios a la norma actual que orienta las adquisiciones del aparato público. Además, la Contraloría promueve otra modificación que ya ha despertado el rechazo del empresariado.
El ente de control busca que el Congreso cambie la Ley de Contrataciones actual para que los contratistas privados estén comprendidos en su ámbito sancionador. Esto ha generado alarmas en la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que advierte que esta posibilidad haría que la Contraloría genere más obras paralizadas.
El MEF, por su lado, ha establecido, mediante el D.S 51- 2024-EF, una valla para que los gobiernos subnacionales avancen sus obras en bloques. El cambio se da cuando el Congreso aún aguarda que el titular del ministerio, José Arista, se presente para aportar a la reforma que actualmente afinan.
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Porcentaje clave
El MEF introdujo modificaciones al reglamento de la ley en dos aspectos clave de la inversión pública: la ejecución por tramos y las obras enmarcadas en una Junta de Resolución de Disputas.
En este último caso, el MEF ha establecido que, para los proyectos que comprendan diseño y construcción, será obligatorio que las partes incluyan en la cláusula de solución de controversias del contrato que estas estén a cargo de la Junta. Su acción será desde que inicia la elaboración del Expediente Técnico (ET). En el caso de las obras que no comprendan diseño y construcción, y que sus inversiones sean inferiores o iguales a S/ 20 millones, será optativo para las partes.
“Le encuentro bastante sentido para obras medianas y mayores. Justamente la junta tiene la tarea de evitar conflictos y que mejor momento para ello que desde el ET y no esperar hasta la construcción, donde ya puede ser tarde”, considera Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP).
Otro cambio está referido a la ejecución contractual. El MEF ha establecido un requisito para que los gobiernos subnacionales estén autorizados a realizar aprobaciones parciales de un ET y ejecutarla por tramos “sin que para ello se requiera que cada parte a ejecutar tenga funcionalidad por sí misma”, dice el decreto.
Esta opción solo aplicará a aquellas instituciones que ejecuten el 70% o más de sus recursos para inversiones en los dos años fiscales previos a la convocatoria del procedimiento de selección de la obra. Camilo Carrillo, Associate Partner en Infraestructura de EY Perú, cree que podría replantearse.
“La aprobación parcial de un ET se da por características del proyecto. Así se hizo el Centro de Convenciones de Lima, por partes. Tendría más sentido que se autorice por costo, por ejemplo, obras de S/ 50 millones. No me parece bien que sea por ejecución de la entidad: si una nueva gestión es eficiente, podrías arrastrar la ineficiencia de administraciones pasadas”, apunta.
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Contraloría
El PL 07316, presentado por la Contraloría en marzo de este año, propone que las empresas que son contratadas para hacer obra pública estén incluidas en su ámbito sancionador administrativo y puedan acarrear faltas graves o muy graves. Así, directores, directivos, gerentes, representantes legales o administradores podrían ser impedidos de contratar con el Estado.
Si bien no lo planteó como un proyecto, el contralor Nelson Shack ya había adelantado que su entidad tenía esta intención. El 29 de febrero el funcionario opinó en la comisión de Economía sobre la propuesta de reforma a la Ley de Contrataciones.
“Todo el esfuerzo de control está en el sector público. No digo necesariamente que lo haga la Contraloría, pero tenemos la capacidad: podríamos sancionar a los privados sin problema. ¿Por qué en una obra no voy a sancionar administrativamente o inhabilitar al contratista que hizo mal el ET?”, dijo allí.
Esta idea ha sido condenada por la CCL, que considera que la Contraloría ha desvirtuado su propósito. “Las obras públicas se paralizan porque emiten una opinión técnica en contra de lo que dice el supervisor y contratista. Deberían verificar que se cumpla el procedimiento legal, pero están excediendo sus funciones”, dice Raúl Barrios, presidente del gremio de Construcción e Ingeniería de la cámara.
Carrillo agrega que esta postura de la Contraloría frena la burocracia. “Hoy hay un privado que quiere construir y un público que no toma decisiones por temor a que le abran un proceso sancionador y termine con una acusación penal. Con la idea del proyecto, tendrías a las dos partes amenazadas. Nadie firmaría”, refiere el vocero de EY.
Para Gaviño la preocupación de la Contraloría es legítima, pero su salida es inadecuada. “Comparto su lógica, pero los proveedores no ejercen función pública. No es una concesión. Debería invertirse en gobierno electrónico para vincular información rápido. Hay entidades que ni se enteran quienes sanciona la OSCE”, afirma la experta.
Barrios también cree que la Contraloría busca reemplazar otras entidades. “Piden algo que le corresponde a la OSCE, que cuenta con tres vocales expertos en obra pública. Si quiere corregir la corrupción, que verifiquen por qué el Estado no paga sus facturas a los contratistas”, reclama el vocero de la CCL.
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Reforma pasaría al pleno en mayo
Las comisiones de Economía y Descentralización sesionaron conjuntamente el lunes 15 para recibir a los ministros de Transportes y Vivienda, Raúl Pérez Reyes y Hania Pérez de Cuellar. Ese día estaba citado también el titular de Economía, José Arista, pero pidió reagendar, según informó Alejandro Cavero, presidente de la comisión de Descentralización.
El martes 16, el grupo de trabajo que preside Cavero sesionó solo. Durante esa reunión, el congresista explicó el cronograma restante para que la reforma de la Ley de Contrataciones sea aprobada por el Legislativo.
“Una vez tengamos las observaciones del MEF, ya podremos pasar a debate y votación del dictamen. Eso sería en las primeras semanas de mayo, para luego pasar al Pleno”, señaló.
Cavero también resaltó que el predictamen de la nueva ley ha sido discutido no solo con ministerios y la Contraloría, sino también gobiernos subnacionales y gremios. “El 29 de este mes, o sea el lunes subsiguiente a la semana de representación, tendremos la última sesión conjunta con Economía, donde estará presente el ministro del MEF”, agregó el congresista.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción y saneamiento, y economías ilegales.
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