Desde IA hasta Tax: las regulaciones empresariales que estarán en la agenda este 2024

Ciber-seguridad e IA

• Obligación de notificación. El Perú seguirá el estándar europeo en protección de datos personales. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, por medio de la actualización de su reglamento, obligaría a las empresas, durante el 2024, a reportar cada incidente de seguridad que involucre información sensible. También se le deberá notificar al usuario afectado. Para ello, la firma estará obligada a designar un delegado de protección de datos.
• Evaluación previa. Siguiendo los pasos de Brasil y México, “el Perú desarrollaría una normativa para que aquellas empresas que quieran implementar un aplicativo u otro sistema virtual que incluya datos personales acrediten haber realizado un estudio previo de impacto a la seguridad”, adelanta Bruno Mejía, gerente de EY Law.
• Portabilidad de datos. La autoridad también permitirá que los usuarios soliciten a empresas —como entidades financieras o empresas de telecomunicaciones— toda su información para transferirla a otra compañía que crea conveniente. “Esto generaría un costo adicional para las compañías”, además de ser fiscalizado, indica Oscar Montezuma, especialista en ciberseguridad.
• Inteligencia artificial (IA). “Es histórico: hay un apetito en el Congreso por regular el entorno digital”, comenta Montezuma. El Parlamento aprobó la primera ley sobre Inteligencia Artificial este 2023, y el reglamento, que está a cargo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, todavía no se prepublica. Aun así, hay otro proyecto que apunta a “etiquetar” aquellos servicios o productos que tengan un componente de IA en el país.

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Legislación ambiental

• Divulgación climática (NIIF 2). En el 2024 entrará en vigor la nueva normativa de la ISSB para que las compañías que participan en el mercado de capitales comuniquen las acciones que tomarán frente a escenarios climáticos y nuevas regulaciones de descarbonización. Chile y Colombia la han incorporado y el Perú podría ser el siguiente, aunque dependerá del pronunciamiento del regulador local (SBS o SMV), explica José Luis Velásquez, socio líder de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC Perú.
• Optimización de procesos. Para los próximos meses se tiene prevista la aplicación del decreto supremo que optimiza el proceso de evaluación del impacto ambiental, priorizando proyectos de inversión mayores a las 150,000 UIT y ubicados en ecosistemas frágiles, lo que significará una coordinación estrecha entre las diferentes instancias. No obstante, se advierte que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), al presionar al resto de instituciones, podría violar el principio de independencia de cada entidad, alega Andrés Dulanto, decano de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur.
• Impuesto al carbono. Colombia aplica, desde el 2016, un impuesto para desincentivar la contaminación ambiental empresarial. “No es una herramienta difícil de implementar en el país”, afirma Velásquez, quien piensa que podría aplicarse como un factor de recaudación, considerando el panorama local de baja recaudación tributaria. En tanto, en Colombia entrará en vigor un sistema de compensación de emisiones a través de un impuesto verde.
• Actualización de normativa. El país tiene en agenda la actualización de la Ley Marco sobre Cambio Climático hacia el 2050, cuya aprobación está prevista para el 2024 y que incluirá la obligación de las empresas en gestión de residuos sólidos.

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Impuestos: lo que se viene

• Agenda mundial. El Pilar 2 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una propuesta pensada para establecer un impuesto mínimo (no menor al 15%) a las operaciones transnacionales. Aunque todavía está en debate su implementación, en la región, Chile y Estados Unidos podrían incorporarlo. Durante el 2024, además, se espera que se tome acción acerca de varias medidas tributarias de Donald Trump que vencen en el 2025. A escala internacional, la mirada está puesta en digital service taxes y en más regulación tributaria sobre energía, resume Arturo Tuesta, socio líder de Servicios Tributarios de PwC Perú.
• Cumplimiento colaborativo. En el ámbito local, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) empezó a promover un programa de cumplimiento colaborativo que implicará el acercamiento entre la administración tributaria y el contribuyente de forma previa a cualquier transacción, con la finalidad de no generar controversias futuras. “La legislación podría aprobarse en el 2024. En Brasil, por ejemplo, su proyecto piloto se llama Confia”, dice Rolando Cevasco, socio del Área Tributaria de CMS Grau.
• Carga de litigios. Otra tendencia que alerta Cevasco es el incremento de litigios por la falta de claridad en la interpretación de ciertas normas, relacionada principalmente con los instrumentos financieros derivados. “Con la disminución de la recaudación tributaria, parece ser que la tendencia es que este tipo de revisiones, que terminan en litigios, se incremente, sobre todo en empresas mineras. Esto abre el espacio para pensar en establecer un procedimiento de conciliación ante la Sunat, bajo ciertas reglas”, sostiene.

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Vistazo laboral

• Reducción de la jornada de trabajo. Se ha producido en la región una ola de reducciones de la jornada laboral máxima —en Colombia ya se aprobó, y está en debate en Chile y México— y, si bien en el Perú no se ha planteado un proyecto de este tipo, existe una iniciativa para incluir el refrigerio dentro del periodo de trabajo, lo que generaría una reducción indirecta a 43.5 horas semanales, advierte Mónica Pizarro Díaz, socia del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International.
• Rigidez desde el Congreso. Una tendencia clara para el 2024 es que las nuevas normativas laborales provengan más del Legislativo. En sus manos está, desde el 2011, el debate del anteproyecto del Código del Trabajo que, por incluir cambios significativos, no ha logrado el consenso en la Comisión de Trabajo, pero podría entrar a la agenda. Esta comisión, además, tiene al menos 10 proyectos relacionados con la promoción del empleo juvenil avanzando al Pleno, y la regulación laboral a plataformas digitales, señala Mauricio Matos, socio del Área Laboral de EY Perú.
• Fiscalización. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) incidirá en una mayor fiscalización y en nuevos lineamientos para el cumplimiento de la Ley de Igualdad Salarial, la prevención del hostigamiento sexual laboral —que ha crecido en 35% este año, según el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)— y la cuota mínima (3%) de contratación de personas con discapacidad, en la que hay una brecha grande, mencionan ambos expertos.

SOBRE EL AUTOR

Ani Lu Torres

Periodista. Bachiller en Periodismo por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Activa participante de los cursos del Centro Knight para el Periodismo en las Américas.