:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/Y3SFXU3SDVEXVOFHHCVLW35MTM.jpg)
La empresa propietaria de una de las mayores empacadoras de carne del mundo se declaró culpable en una corte federal estadounidense de pagar casi US$ 150 millones en sobornos a funcionarios en Brasil a cambio de obtener financiamiento estatal destinado a una serie de compras en Estados Unidos.
J&F Investimentos, con sede en Sao Paulo, se declaró culpable en un tribunal en Brooklyn de un cargo de asociación ilícita al violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero.
Como parte del acuerdo con el Departamento del Trabajo, la empresa deberá pagar US$ 256 millones en multas, la mitad de lo cual se descontará de sanciones que ya pagó a las autoridades brasileñas por sobornos revelados anteriormente.
El abogado de J&F, Lucio Martins Batista, le dijo a la corte que la empresa de su familia dio dinero en efectivo y regalos que incluyeron US$ 1.5 millones para un apartamento en Nueva York, a cinco funcionarios brasileños entre el 2005 y 2017 para asegurar fondos de bancos estatales brasileños para J&F.
Algunas de las ganancias de los acuerdos de financiación se utilizaron para financiar la expansión de JBS en Estados Unidos, donde en unos pocos años a partir del 2007 adquirió competidores importantes, incluidos Swift & Company y Pilgrim’s Pride.
En ese momento, la economía de Brasil estaba en auge y la familia Batista, que controla J&F, llegó a personificar la imagen de los “brasileños millonarios” cuyas empresas de productos básicos dependían del financiamiento estatal para crecer agresivamente fuera del país.
Hoy, J&F emplea a más de 250,000 personas en 190 países, según su sitio web.
Quienes recibieron los sobornos incluyen a un funcionario cuyo nombre no se menciona, pero es descrito como un ejecutivo de alto nivel del banco estatal de desarrollo BNDES entre el 2004 y 2006, que llegó a ocupar otros puestos superiores en la rama ejecutiva durante los gobiernos de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva y su sucesora Dilma Rousseff, hasta el 2015.
Esas fechas coinciden con la trayectoria profesional de Guido Mantega, quien dirigió el BNDES de 2004 a 2006 y luego se desempeñó como ministro de Hacienda de Lula y Rousseff. Mantega no pudo ser contactado de inmediato para hacer declaraciones, pero ha negado cualquier irregularidad en el pasado.
En tanto, la familia Batista intenta limpiar su reputación de corrupción en Brasil y en América Latina.
En 2017, J&F fue multada con un récord de 3.200 millones de dólares por su papel en los escándalos de corrupción. La sanción superó la impuesta contra el gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que en 2016 también recurrió a los tribunales estadounidenses para resolver sus acusaciones de soborno en todo el mundo.
J&F emplea a más de 250.000 personas en 190 países, de acuerdo con su portal. Es propiedad en parte de JBS, una compañía cotizada en la bolsa que ha estado presente en Estados Unidos por más de una década a través de adquisiciones de empacadoras de carne, como Swift & Company y Pilgrim’s Pride.