¿Cuánto cuesta la discapacidad en el Perú?

Por Arisbeth Patricia Chacón Daza, estudiante de Ingeniería Empresarial de la Universidad del Pacífico. 

En el Perú, la discapacidad no suele narrarse desde la economía, sino desde el heroísmo excepcional o la lástima profunda. Sin embargo, para más de tres millones de peruanos, esta realidad no es una historia de inspiración para consumo ajeno, sino una cifra cruda que se mide día a día en soles.

En ese sentido, según el Censo Nacional de 2017, el 10.4% de la población convive con alguna limitación permanente; es decir, uno de cada diez ciudadanos enfrenta barreras que el país aún no ha logrado eliminar por completo. Este escenario tiene un precio invisible: una deuda económica y social que el Estado todavía mantiene pendiente, convirtiendo la inclusión en un derecho reconocido, pero aún difícil de ejercer plenamente para muchas personas.

Es fundamental comprender que la discapacidad no empobrece por su propia naturaleza; lo hace un sistema que impone una “desventaja de conversión”, pues, aun teniendo el mismo ingreso, un hogar con discapacidad no puede transformarlo en el mismo bienestar que sus vecinos.

Al respecto, un estudio pionero del Conadis revela que estos hogares requieren un 15% más de ingresos mensuales solo para alcanzar un nivel de vida básico. Asimismo, la matemática de la exclusión es especialmente cruel para los más vulnerables: si el hogar es pobre, el costo adicional de la discapacidad se dispara al 42.7%, convirtiéndose en una condena a la precariedad extrema.

A esto se suma el denominado “impuesto geográfico”, pues el centralismo obliga a familias de provincia a viajar a Lima para atenderse en institutos especializados como el INO, incurriendo en gastos que el sistema de salud no reconoce.

Puertas adentro, el panorama es todavía más desolador. En muchos casos, ante un diagnóstico de discapacidad intelectual severa, el 70% de los padres abandona el hogar, dejando a la madre sola frente a un abismo financiero y emocional.

Por otro lado, el costo de la autonomía es otro rubro prohibitivo en una economía tan frágil; en un país donde el salario mínimo ronda los S/ 1,130, el gasto en terapias y la contratación de un cuidador externo representan un costo que supera largamente la remuneración mínima vital, volviéndolo inalcanzable para la mayoría.

En consecuencia, ante la imposibilidad de asumir estos gastos, muchas madres dejan de trabajar para convertirse en cuidadoras a tiempo completo, sacrificando su productividad laboral y enfrentando un importante deterioro en su salud mental. Esta carga económica, que debería ser compartida por un sistema de protección social sólido, recae hoy principalmente sobre los hogares más vulnerables.

De igual manera, el Perú pierde por partida doble al no invertir en accesibilidad y educación inclusiva. Existe un círculo vicioso donde la falta de inversión temprana se traduce, años después, en una pérdida de productividad nacional.

El sistema educativo actual todavía presenta importantes barreras para la inclusión. Aunque muchos estudiantes logran culminar la educación básica, solo el 11.4% de las personas con discapacidad accede a la educación superior.

Al concluir el ciclo en los Centros de Educación Básica Especial (CEBE), muchas familias encuentran escasas oportunidades para continuar su formación o acceder a programas de profesionalización, limitando significativamente sus posibilidades de inserción laboral.

Esta exclusión no se detiene en las aulas, sino que se traslada directamente al mercado laboral a través de profundas barreras estructurales. Las cifras son contundentes: el 77% de esta población en edad de trabajar se encuentra excluida del mercado laboral, no por falta de capacidades, sino por un entorno que aún presenta importantes barreras para su inclusión.

Esta exclusión no solo afecta la autonomía de las personas, sino que también priva al país de un capital humano valioso, relegando a miles al subempleo o a la informalidad.

De hecho, esta realidad tiene una expresión cotidiana que todos observamos en el transporte público: cada vez que vemos a una persona con discapacidad pidiendo limosna o vendiendo caramelos, estamos presenciando las consecuencias de las brechas que aún persisten en materia de inclusión laboral.

Es una evidencia de que, cuando el sistema educativo y el mercado laboral cierran sus puertas, muchas personas terminan encontrando en la informalidad la única alternativa para subsistir.

Debemos entender, finalmente, que la pobreza no está en la condición, sino en la omisión del Estado. La inclusión real no es un acto de caridad, sino una inversión en justicia social que requiere presupuesto, fiscalización de leyes y servicios de salud descentralizados.

No podemos seguir preguntándonos con distancia cómo viven las personas con discapacidad, cuando esta es una circunstancia a la que cualquiera de nosotros podría enfrentarse en cualquier momento.

La pregunta real es qué país estamos construyendo: uno que condena a las familias al aislamiento económico o uno que garantiza que el costo de la discapacidad no sea el hambre o la exclusión perpetua.

La justicia, a diferencia de la compasión, exige acciones inmediatas y recursos tangibles. La inclusión requiere más que compasión: exige decisiones, recursos y políticas públicas capaces de garantizar igualdad de oportunidades.