Por Natalia Manso

Docente de Pacífico Business School

Hasta octubre de este año, se han registrado 147 feminicidios en el Perú. La tendencia en los últimos años sigue al alza en nuestro país. El nivel de violencia también se incrementó tanto en las zonas rurales como urbanas.

En el caso de la delincuencia en las zonas urbanas, los delitos más frecuentes (robo de objetos personales o estafas) inciden sobre ambos sexos más o menor por igual, pero existen otros delitos, muy graves, que sí tienen nombre de mujer.

Si los enumeramos in crescendo, comenzaríamos por la trata de personas- 1,433 denuncias en 2017, 85% sobre mujeres-, el acoso en espacios públicos o privados, las violaciones (o intentos) y la violencia doméstica- física, sexual, psicológica y económica.

Una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú sobre Acoso Sexual Callejero –realizada a 1,203 personas de 19 regiones del país– muestra que 7 de cada 10 mujeres, de entre 18 y 29 años, han sido blanco de, al menos, una modalidad de asedio en la vía pública en los últimos seis meses. La cifra se incrementa en la capital, donde las víctimas son 9 de cada 10.

Si a ello le sumamos los índices de violencia familiar, solo en 2017, el 61% de mujeres entre 15 y 49 años, ha sido víctima de violencia verbal y/o psicológica y el 10% ha sufrido violencia física ejercida por su pareja o ex pareja, las 4,872 denuncias de violación a menores (2,241 a mayores) en 2017 y las 1,433 denuncias por trata de personas en el mismo año, nos topamos con una perturbadora realidad.

Anualmente, la delincuencia le cuesta al Perú el 2.77% de su PBI, de acuerdo con el estudio “Los costos del crimen y la violencia en Latinoamérica”, realizado por el BID. Y no todos estos costos son absorbidos por el Estado. Muchos de ellos son asumidos por las víctimas.

Por ejemplo, en el caso de Villa El Salvador, distrito popular de Lima, con 400,000 habitantes, se estima cada víctima ha gastado de su bolsillo entre S/.1,100 y S/.1,700 en responder a la violencia durante el 2018, asumiendo el 44.7% del total de pérdidas económicas vinculadas a la violencia de género.

Más allá de las graves consecuencias económicas para el país, las empresas y las familias, los daños psicológicos y sociales tienen un valor inconmensurable. Las ideologías deben rendirse ante un bien superior, trascendente para un futuro en salud, paz y bienestar. Con o sin enfoque de género, estado, empresas, academia y la sociedad civil deben sentarse en la mesa para trazar impostergablemente medidas orientadas a la prevención que permitan a las mujeres- y los hombres- disfrutar de un paseo, un baile, una chela o un beso en un parque, sin temer que eso les costará una agresión que quizás les marque el cuerpo o el alma de por vida.