La reforma del sistema de pensiones avanza pese a cuestionamientos de analistas y organismos técnicos, que si bien destacan aspectos como la prohibición de nuevos retiros de fondos antes de la jubilación o la apertura a más competidores, advierten efectos y limitantes en medidas como la creación de una pensión de consumo.
Pero la norma aprobada por el pleno del Congreso deberá primero superar observaciones formuladas por algunas bancadas -que señalan irregularidades en la votación plenaria del último jueves-, antes de que su autógrafa de ley sea remitida al Ejecutivo para su promulgación respectiva. Hoy debería despejarse las dudas en la junta de portavoces del Legislativo.
Uno de los planteamientos centrales de la reforma es la obligación para los trabajadores independientes que generan rentas considerada de cuarta o quinta categoría de aportar al sistema de pensiones, cuya contribución se basará en los recibos por honorarios que emitan. Empezará con una tasa de aporte de 2%, que gradualmente, al cuarto año, subirá a 5%.
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Para Apoyo Consultoría, dicha tasa de aporte podría generar desincentivos a registrarse como empleado formal dependiente, pues este aporta un10% de su remuneración.
Sin embargo, la pensión a recibir por independientes sería la mitad de la que generan los que están en planilla.
Así, un trabajador dependiente que gana S/ 2,000 mensuales y aporta 10% de modo continuo durante su vida activa (de 18 a 65 años) generaría un fondo suficiente para financiar una pensión de S/ 1,400 (equivalente al 70% de su sueldo), estima la firma.
Pero si este trabajador es independiente y aporta 5% del mismo sueldo mensual, su fondo acumulado alcanzaría para una pensión de solo S/ 700 (equivalente al 35% de sus ingresos), según la consultora.
¿Puede haber fuga de independientes?
Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, indicó que entre 700,000 y 800,000 independiente emiten recibos por honorarios y, por tanto, deberán destinar una parte de sus ingresos al fondo de pensiones sin distingo de la periodicidad con que la que los generan.
En total, son siete millones los independientes, pero la norma del Congreso excluye de sus alcances a los informales –la mayoría- y a los que emiten facturas o boletas de pago al desarrollar alguna actividad empresarial, acotó.
Esta disposición provocaría “una fuga de los independientes que hoy giran recibos por honorarios hacia la informalidad o hacia la emisión de facturas”, para evitar el descuento en sus ingresos, sostuvo Toyama.
Ello acontecería porque la norma aprobada no aborda una reforma de seguridad social integral, en la que además de lo previsional se incluya la protección en salud, complemento que, junto con un esquema de subsidios, sí atraería a los independientes al sistema de pensiones, afirmó el experto.
Elio Sánchez, Superintendente Adjunto de AFP de la SBS, dijo en el Congreso: “Es muy fácil incorporar a estos trabajadores (independientes) a un sistema de pensiones; el problema es que ahorren”.
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¿Qué opinan de la pensión mínima?
El BCRP indica también que el esquema de pensión mínima previsto en el texto aprobado no es equitativo, pues premia a aquellos afiliados que han retirado su fondo en desmedro de aquellas personas que, a pesar de tener similares necesidades de consumo, no han retirado fondos.
“Se han hecho siete retiros, personas que ya no cuentan con fondos no deberían acceder a una pensión mínima, salvo que devuelvan esos fondos retirados”, señaló Vásquez.
También sugiere que los aportes para obtener una pensión mínima deberían quedarse en la AFP y no pasar a ONP, como denota la autógrafa. Esto podría atentar contra los derechos de los herederos del afiliado al fondo de pensiones cuando este fallezca, alerta.
“Si accedo a una pensión mínima porque mis fondos no completan, lo que se hace actualmente es que mi dinero se queda en el SPP y se va descontando hasta agotar el fondo, luego empiezan los recursos estatales a completar”, acotó.
Aporte de empleadores
En tanto, la SBS califica como relevante y acorde con una visión de protección social de mayor alcance la iniciativa para la incorporación de un porcentaje de aporte obligatorio de parte de los empleadores para cada trabajador, tanto del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) como del Sistema Privado de Pensiones (SPP).
No obstante, advierte que no se contempla un plazo para su discusión por los poderes públicos correspondientes.
En tal sentido, el regulador pide una fecha para que el Poder Ejecutivo defina los detalles sobre el aporte de empleadores a fondo de pensiones, plazo que podría ser el previsto para la primera revisión de la variable de edad de jubilación.
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