Entre los años 2006 y 2008, en medio de la Asamblea Constituyente de Bolivia, miembros del partido oficialista de entonces, Movimiento al Socialismo, introdujeron en el nuevo texto constitucional una reforma para estatizar los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en ese país.
Sin embargo, debido a una serie de cuestionamientos por parte de la oposición y de diversos sectores económicos contrarios al gobierno de Evo Morales, la implementación de acciones para llevar a cabo la estatización no se dio hasta finales del 2010. Precisamente, en diciembre de ese año se aprobó la creación de la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, entidad que reemplazaría a las AFP.
Luego de más de 12 años, en setiembre del 2022, el Sistema Integral de Pensiones (SIP) pasó parcialmente a ser administrado por la Gestora Pública. Sin embargo, recién el pasado viernes 12 de mayo la referida entidad estatal pasó a gestionar el 100% de los fondos de pensiones que ascienden a US$ 24,000 millones.
Esto ocurrió luego de que las dos únicas AFP que operaban en Bolivia (Futuro y Previsión) transfirieran el 100% del dinero a la nueva administradora y dejaran de operar indefinidamente.
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¿Mayor rentabilidad de los fondos de pensiones en manos estatales?
Jaime Durán, gerente de la Gestora Pública, señaló a la Agencia Boliviana de Información (ABI) que no será necesario que los asegurados y jubilados realicen algún tipo de trámite adicional debido a que el proceso de migración de las AFP a la entidad que dirige ha finalizado adecuadamente.
Asimismo, el funcionario aseguró que las pensiones serán más altas ya que los aportantes no pagaran la comisión de 1.31% que antes sí abonaban. Añadió que su institución incrementará la rentabilidad de las inversiones de los fondos de pensiones pasando del 3% (promedio logrado por las AFP desde su fundación) a más del 4% al término del año.
Para eso, también disminuirá la comisión directa que estas entidades privadas imponían a cada jubilado, que oscilaba entre 0.5% y 1.81%.
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¿Qué pasará con los fondos de los aportantes peruanos en Bolivia?
Al cierre del 2019, Bolivia albergaba alrededor de 12,000 ciudadanos peruanos con residencia legal, de los que una parte tiene fondos de pensiones en ese país.
Elmer Cuba, socio de la consultora Macroconsult, sostiene que existe un alto riesgo de que los aportes realizados por los trabajadores bolivianos o peruanos sean mal manejados por la nueva entidad administradora.
“Existen dos problemas en torno a la estatización de las AFP en Bolivia. El primero de ellos es la nula experiencia en administración de fondos que tiene la nueva entidad administradora estatal; y, en segundo lugar, existe la posibilidad de que se use parte de los fondos de pensiones para financiar al gobierno con plazos más largos y a tasas más bajas, lo cual solo crearía un forado que afectaría a los pensionistas”, manifiesta el especialista.
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Asimismo, Cuba refiere que no hubo diferenciación en el tratamiento que el gobierno le ha dado a los aportantes peruanos o extranjeros, respecto de los bolivianos. Es decir, el dinero de ambos tipos de aportantes ha pasado a ser administrado por la Gestora Pública y se regirá bajo los términos que esta establezca.
Jorge Acamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, indicó a Gestión que la estatización de los fondos de pensiones en Bolivia es un problema en la medida que el gobierno use dicho dinero para sus propios fines y no para el beneficio de los aportantes.
El también catedrático boliviano manifestó que el tratamiento para los fondos de ciudadanos connacionales o extranjeras ha sido el mismo, por lo que ninguna persona ha podido sacar su dinero o parte de su dinero en el proceso de migración a la nueva administración.
“Hay trabajadores extranjeros (incluyendo peruanos) que laboran formalmente en la economía boliviana y han aportado a una de las dos AFP. No obstante, la estatización de los fondos ha sido para el universo de los aportantes y no solo para lo bolivianos”, comenta el economista.
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