La cobranza de deudas vencidas y castigadas sigue siendo una labor difícil en un escenario de crisis, lo cual conduce a las empresas especializadas en esa labor a ofrecer facilidades como la ampliación del plazo de pago.
“Antes de la pandemia, no era común reestructurar una deuda vencida y cuando se hacía, la entidad solicitaba una garantía hipotecaria”, señaló a Gestión Ana Vera, CEO de la casa de cobranza Kobsa.
Si bien el plazo en las empresas de cobranza podría alargarse hasta 48 meses o incluso hasta siete años, no era tradicional hacerlo, en los últimos meses está siendo más usuales estas reestructuraciones, sostuvo.
Según Humberto Ugarte, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Cobranzas del Perú (Anecop), la extensión de plazo dependerá también del monto adeudado, pues si este es pequeño el plazo máximo es de un año.
“Algunos deudores negocian con las casas de cobranza porque quieren pagar rápido su deuda y reinsertarse en el sistema financiero”, acotó.
En esta línea, mencionó que la banca decide vender las carteras morosas a instituciones especializadas en cobranza cuando las deudas alcanzan máximo los 180 días de atraso.
A los 90 días sin pagar, la obligación financiera se considera castigada y representa mayores provisiones para el banco, por lo que, de mantenerse impaga, pasa a manos de un tercero, refirió.
Campaña
Los especialistas coincidieron en que se están dando campañas de las entidades de cobranza para que los clientes cancelen sus deudas, aprovechando la liquidez que les proporcionó los retiros de AFP y CTS, a lo que se suma el pago de gratificación.
Las casas de cobranza, que solían condonar el 100% de los intereses y el 30% del capital, están rebajando el pago del capital al 50%, incluso en casos complicados reducen hasta el 80%, dijo Vera.
Por su parte, los bancos que antes solo condonaban intereses moratorios, están anulando el total de intereses generados por la deuda vencida, acotó.
De acuerdo con Ugarte, cuando la deuda está en manos de un tercero, hay mayor flexibilidad para negociar el pago y es más beneficioso para el cliente moroso.
Dicha venta se hace tanto de deudas de consumo como de mype, aunque la proporción de créditos para personas supera a la destinada a negocios, agregó.
Vera sostuvo que la participación de créditos de consumo pasó de ser el 70% de la cartera comprada en prepandemia, al 95%.
El porcentaje de deudas mype se redujo por la incertidumbre que hay en los negocios, la cual incrementó la morosidad de estos créditos en las casas de cobranza desde 6% a 12% durante la pandemia, añadió.
Pese a ello, Vera comentó que el flujo de pagos en general de créditos castigados ha mejorado comparado con los meses en que inició la cuarentena por los contagios de covid-19.
Pago
“Al inicio de la pandemia, los deudores no priorizaban el pago de obligaciones financieras vigentes, incluso se anunciaron medidas para reprogramarlas, mucho menos se preocupaban por deudas vencidas”, aseveró.
Ahora, el pago de deudas en manos de las casas de cobranza alcanza el 60% de niveles pre covid-19, precisó.
En tanto, la especialista señaló que el costo de las carteras castigadas se redujo ante el mayor riesgo de incobrabilidad. Así, el pago bajó de un equivalente al 40% del valor de la cartera al 20%, detalló.
Cada vez es más difícil ubicar a deudores con atrasos
El gran trabajo de una empresa de cobranza es ubicar al deudor a fin de ofrecerle facilidades de pago, dijo Humberto Ugarte, de Anecop.
Sin embargo, esta labor se ha dificultado en los últimos meses, agregó.
“La ubicación del cliente es un tema grave, la fuerte migración registrada entre la capital y las regiones durante la pandemia complica identificar dónde está”, manifestó Ana Vera, de Kobsa.
Asimismo, señaló que la cobranza era difícil en los segmentos C y D, de personas con menores recursos, pero durante la pandemia se complicó el recupero de créditos en segmentos que habían perdido el empleo o trabajaban como independientes.
Por sectores económicos también hubo dificultades, los deudores que ofrecían servicios o trabajan en el rubro textil o restaurantes, por ejemplo, preferían pagar las obligaciones vigentes, acotó.