La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) prepublicó un proyecto de norma para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicable a las empresas que brindan el servicio de apuestas en línea, bajo supervisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
Así, se establecen lineamientos generales, obligaciones y procedimientos que las mencionadas firmas que explotan juegos o apuestas deportivas a distancia deben implementar en sus sistemas de prevención de lavado de activos.
Las plataformas de apuestas son consideradas sujetos obligados, es decir, deben tener medidas de debida diligencia en la identificación del usuario final, señaló Camila Hernández, asociada de Rebaza, Alcázar & De Las Casas.
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“Sin embargo, no tienen un reglamento propio, más específico, que precise obligaciones puntuales para informar a la UIF-Perú. Eso es lo que está planteando la superintendencia”, expresó.
Con el proyecto presentado, se regularían componentes como el conocimiento de directores, trabajadores y proveedores, capacitación en materia de prevención de lavado de activos, manual y código de prevención, oficial de cumplimiento (corporativo y alterno, de ser el caso), factores de riesgos, reporte de operaciones sospechosas, informe anual del oficial de cumplimiento, auditoría interna, entre otros.
Umbral
La SBS plantea que el sujeto obligado lleve y mantenga actualizado un registro de operaciones que incluirá apuestas por montos que igualen o superen los US$ 2,500.
De esta manera, la plataforma de juegos registrará las operaciones que realizan sus clientes en el día que hayan ocurrido, en forma cronológica, precisa y completa, en sistemas o aplicativos informáticos.
Hernández sostiene que, independientemente del umbral establecido para el reporte de operaciones (US$ 2,500), las empresas de apuestas por Internet deberán ser diligentes en la identificación del cliente final.
“Si bien han proliferado muchas plataformas de juegos en línea, que han podido acelerar este proyecto de normativa, esta actividad siempre ha representado riesgos en cuanto a la legalidad de procedencia de los fondos usados. En algunos casos, pueden ser usadas por organizaciones para el lavado de activos”, explicó.
Los lineamientos establecidos por la SBS tienen un sustento internacional, pero el documento estará disponible para recibir comentarios de especialistas en el campo, quienes podrían manifestar si el monto fijado es adecuado, acotó.
Transparencia
Además, el reporte de operaciones incluirá datos relacionados a la identificación de la persona que participa en la operación, nombres y apellidos, tipo y número de documento de identidad, datos del domicilio, edad y nacionalidad.
“No se debe excluir a ningún cliente, independientemente de su habitualidad y el conocimiento que tenga de este”, indica el proyecto.
Para Hernández, la emisión de esta normativa -que estará en consulta hasta el 26 de marzo- sería un buen indicador de transparencia hacia el usuario final. Este tendrá la posibilidad de contratar con una empresa que no solo tiene la licencia para operar, sino que también cuida su exposición al riesgo, mencionó.
“No solo hablamos de la reputación de la empresa de apuestas, nos referimos a que el usuario tendrá la certeza de que su información personal no será comprometida con operaciones de lavado de activos”, anotó.
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Sanciones
Asimismo, la SBS plantea que las empresas que explotan juegos o apuestas deportivas a distancia que incumplieran con este reglamento serían sancionadas por el Mincetur.
“Corresponde al Mincetur verificar el cumplimiento de la Ley, el Reglamento de la Ley UIF, la presente norma y demás disposiciones sobre prevención y detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, así como sancionar su incumplimiento de acuerdo con el reglamento de infracciones y sanciones correspondiente”, detalla el proyecto.
Cuando una empresa no está bajo la supervisión de la SBS, esta solo coadyuva en la reglamentación, empero, no le corresponde sancionar o suspender licencias de funcionamiento en caso de una infracción, manifestó Hernández.
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Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.
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