La Ley de regularización de edificaciones N° 27157 establece los procedimientos para el saneamiento de la titulación y de unidades inmobiliarias en las que coexisten bienes de propiedad exclusiva y de propiedad común, tales como edificios, quintas, casas en copropiedad, entre otros.
Asimismo, la ley respalda a la junta de administradores ante deudas en el pago de gastos de comunidad por parte de los arrendatarios.
Pero la morosidad no solo es algo recurrente en los bancos y cajas municipales, sino también en la administración de edificios, sostiene EdiPro. Las personas deudoras que no asuman el pago de sus gastos comunes, pueden generar un registro en Infocorp y a la vez perjudicar su historial crediticio, advierte.
Ante ello, una correcta administración de la junta fomenta la responsabilidad financiera de los propietarios y ayuda en el buen funcionamiento del inmueble, agrega.
José Miguel Oyarzo, CEO de EdiPro, plataforma digital especializada en la gestión eficiente de edificios y condominios comentó que: “la emisión de un recibo de mantenimiento ayuda a la claridad en el cobro de gastos comunes. Estos recibos proporcionan información documentada sobre cómo se están utilizando sus fondos en la comunidad, lo que fomenta la confianza en la gestión financiera y ayuda a los propietarios a llevar un registro de sus pagos”.
Es importante reducir la morosidad en el pago de gastos comunes para mantener la salud financiera y la convivencia dentro de la comunidad de un edificio, añade.
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Entre las recomendaciones de la plataforma figuran:
- Políticas de cobro claras: Establecer un reglamento que establezca fechas de vencimiento, consecuencias por retrasos en los pagos y procedimientos para la recuperación de deudas.
- Transparencia financiera: Proporcionar informes financieros regulares y detallados a los propietarios para que comprendan cómo se utilizan los fondos de los gastos comunes.
- Uso de plataformas digitales: Ofrecer una opción de pagos en línea simplifica el proceso y reduce la posibilidad de retrasos causados por dificultades en la forma de pago. También permite establecer recordatorios automáticos, mantener un historial de pagos, acceso a información de cómo se están utilizando los fondos de los gastos y facilita el seguimiento de las deudas pendientes.
La firma refiere que la junta directiva de un edificio tiene la facultad de iniciar un proceso judicial, que puede llegar incluso hasta un embargo, siempre y cuando esté inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Ello es posible porque se creó un registro de deudores, indicado en el decreto legislativo N° 1568 establecido por el Poder Ejecutivo.
La creación de este registro y la posibilidad de tomar acciones legales son herramientas importantes que respaldan y ayudan a la junta a mantener la estabilidad financiera en las comunidades de propietarios
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