El Congreso de la República delegó facultades legislativas al Poder Ejecutivo que le permitirán -entre otras cosas- modificar cuerpos normativos a fin de promover el acceso y la competencia en los servicios financieros y pagos digitales.
Sin embargo, la ley publicada no incluye la propuesta planteada previamente por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para incluir a las gestoras de fondos privados al régimen de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI).
Frente a ello, el regulador ha decidido insistir con esta iniciativa e impulsar una propuesta independiente para supervisar a las empresas cuya oferta se conforme por los fondos mencionados.
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Según el superintendente Juan Pichihua, un punto pendiente en la agenda de la SMV es evaluar la realización de ofertas privadas de fondos de inversión originadas por entidades que no se encuentran bajo supervisión.
“Lamentablemente, nuestro pedido ha quedado fuera de las prioridades del Congreso. Entonces, vamos a tener que presentar un nuevo proyecto de ley, porque difícilmente el parlamento lo moverá por voluntad propia en la siguiente legislatura”, adelantó a Gestión.
De ser requerido, sostuvo, se coordinará con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para analizar la viabilidad de una ley que modifique la vigente norma de fondos de inversión.
El objetivo es que la SMV pueda regular a las gestoras de inversión que operan con fondos privados; no supervisar necesariamente el fondo, pero sí a la gestora que lo maneja, precisó.
Asimismo, Karina Chinguel, asociada senior de Vodanovic, puntualizó que la superintendencia había expuesto la necesidad de modificar esta ley en su agenda temprana del 2024, debido al problema público que se presentaba con estos vehículos y sus gestoras, que no están sujetas a un nivel mínimo de supervisión.
“Urge un cambio normativo en este campo, se vienen reportando diversos casos de estafas piramidales que afectan la confianza de los inversionistas en el mercado de fondos, así como la integridad de este ecosistema”, aseveró la abogada.
Por tanto, genera sorpresa que este pedido haya sido excluido del paquete de facultades conferidas al Poder Ejecutivo, pues es necesario para fortalecer la regulación de los fondos privados, acotó.
En el 2023, el patrimonio total de las sociedades administradoras alcanzó los US$ 3,091 millones, de los que el 51% fue colocado por oferta pública y 49% por oferta privada, de acuerdo con datos de la SMV. Y el número de partícipes de estos fondos llegó a los 4,275.
A diferencia de las SAFI, las “gestoras de inversión” -como se les conoce a las que operan con fondos sin regulación alguna- no asumen los costos que implica administrar fondos de oferta pública, provocando informalidad en el mercado, sostuvo anteriormente Pichihua.
Con mayores estándares de transparencia, se eliminaría la competencia asimétrica entre las gestoras de fondos y las SAFI que hoy están sujetas a exigencias prudenciales, de conducta y prácticas de buen gobierno corporativo, argumentó.
Los especialistas enfatizan que la finalidad de esta propuesta es promover el desarrollo del mercado de valores y la protección del inversionista.
- Si bien el principal problema radica en los fondos de oferta privada que están fuera del alcance de la SMV, un caso que también avivó la alerta en la SMV fue la intervención administrativa de Blanco SAF en abril de este año, pues involucra a una sociedad administradora de fondos regulada. Dicha intervención fue en la modalidad de supervisión de la gestión y se realizó sobre los Fondos de Inversión por Oferta Pública FI BP6 Soles y FI BP7 Dólares.
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Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.
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