Una vez que un deudor regulariza el pago, la entidad financiera deberá, en un plazo máximo de siete días hábiles, emitir una constancia de regularización de deuda. (Foto: iStock)
Una vez que un deudor regulariza el pago, la entidad financiera deberá, en un plazo máximo de siete días hábiles, emitir una constancia de regularización de deuda. (Foto: iStock)
Redacción Gestión

El publicó la Ley N.º 32327, que modifica la Ley 28587 y el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571), incorporando un procedimiento claro para la regularización y corrección de información negativa o de deudas ya pagadas en las , como Equifax o Sentinel.

Esta norma, impulsada por el congresista José Luna Gálvez, tiene como objetivo proteger a los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones financieras o fueron registrados por error, de las demoras en la actualización de su , que afectan seriamente su acceso a préstamos y productos financieros.

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“El impacto de aparecer en la lista negra de las centrales de riesgo es devastador para los emprendedores, trabajadores y la clase media. Dificulta el acceso a créditos, encarece los intereses y hasta genera problemas de salud”, declaró Luna Gálvez, líder de Podemos Perú.

La Ley 32327 reduce significativamente los tiempos de respuesta. Una vez que un deudor regulariza el pago, la entidad financiera deberá, en un plazo máximo de siete días hábiles, emitir una constancia de regularización de deuda. Además, deberá informar del pago a la para que actualice el registro en su siguiente reporte a las centrales de riesgo.

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En casos de errores en el historial o consumos no reconocidos, la ley también exige a las entidades realizar una investigación, y si se comprueba la procedencia del reclamo, se deberá notificar al cliente y a la SBS dentro del mismo plazo de siete días hábiles, para su corrección.

Con esta medida, se busca garantizar el respeto de los derechos de los usuarios del sistema financiero, asegurar una evaluación crediticia justa y contribuir a la reactivación económica de quienes más lo necesitan, especialmente micro y pequeños empresarios, trabajadores independientes y familias peruanas.

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