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Congresistas presentaron iniciativa para crear el Seguro por Desempleo con el fin de proteger a los trabajadores tras romper el vínculo laboral con su empleador.
Según el proyecto de Ley, un trabajador dependiente con un periodo de carencia de empleo mayor a una semana y menor a un mes podrá acceder a una cobertura que incluye cinco meses continuos de prestaciones económicas.
Con ello, en el primer mes el desempleado recibiría el 70% de la remuneración asegurable, calculada en base al promedio de salarios recibidos en los 12 meses previos a la pérdida del puesto laboral.
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Los montos entregados varían progresivamente, de modo que en el segundo mes la prestación representaría el 65%; en el tercero, 60%; el cuarto, 55% y el último mes, 50% de la remuneración asegurable, precisa la iniciativa.
Economistas consultados por Gestión mostraron su desacuerdo con esta propuesta pues “para ello ya existía la Compensación por Tiempo de Servicios”.
Durante los últimos dos años, algunos parlamentarios se enfocaron en desnaturalizar los fondos CTS y de pensiones, permitiendo la liberación de estos recursos y dejándolos a disposición de los titulares de las cuentas antes del periodo objetivo, señaló Arturo García, docente de Finanzas de ESAN.
“Con el retiro del 100% de la CTS eliminaron el seguro por desempleo que ya tenía un trabajador dependiente y muchos de ellos ahora no tienen ningún respaldo si fuesen desvinculados de la empresa”, manifestó.
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¿Cómo se financiaría este seguro para desempleados?
El Seguro por Desempleo, planteado por el grupo parlamentario Cambio Democrático-Juntos por el Perú, tendría como fuente de financiamiento contributivo un aporte de 1.16% de la remuneración asegurable.
De acuerdo con el proyecto presentado, el 0.58% de este aporte será restado del abono correspondiente a la Compensación por Tiempo de Servicios y el otro 0.58% estará a cargo del empleador.
Para Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima, el abono por concepto de CTS ya representa un costo elevado para las empresas, sobre todo, para las unidades de menor tamaño como las mypes formales.
“Agregar un pago adicional al empleador significará un desincentivo para que la empresa mantenga a su trabajador en planilla, sería un sobrecosto laboral, no es idóneo ni es el momento”, advirtió.
Según el economista, el país aún no muestra dinamismo y el nivel de empleo formal todavía no alcanza niveles prepandemia, especialmente en segmentos relacionados con turismo que no logran recuperarse.
Lo que esta propuesta ocasionará es que las empresas envíen a la informalidad a sus trabajadores y estos aceptarán un subempleo, en lugar de no perder una fuente de ingreso mensual, acotó.
Por su parte, García coincide con Casana en que este sobrecosto laboral atenta contra la formalización y sería contraproducente si el objetivo es generar empleo de calidad, pues se conseguiría un efecto distinto.
“Las autoridades deberían dirigir esfuerzos en recomponer las cuentas CTS si buscan un seguro por desempleo y no seguir liberando esos fondos”, complementó.
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