El Banco de la Nación (BN) es una empresa con potestades públicas, integrante del Sector Economía y Finanzas, cuyo capital fijado por regulación ascendía a S/ 1,600 millones.
Sin embargo, con el propósito de fortalecer, ampliar y mejorar la provisión de servicios financieros del banco a sus usuarios y segmentos más vulnerables de la población se ha dispuesto incrementar dicho monto a S/ 2,100 millones, a través de la capitalización de parte de sus utilidades de los años fiscales 2022 y 2023.
Esta ampliación permitirá a la entidad financiera continuar expandiendo su oferta de servicios financieros a gobiernos regionales y locales, y atender a las poblaciones alejadas, lo que forma parte del rol subsidiario de empresa pública, fomentando así la inclusión financiera del país.
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Asimismo, la norma contempla el incremento del monto autorizado del “Programa Especial de Apoyo Financiero a la Micro y Pequeña Empresa (PROMYPE)” -conducido por el banco- en S/ 1,300 millones adicionales.
Con ello, estos fondos ascienden a S/ 2,500 millones y serán destinados a seguir celebrando convenios de financiamiento con entidades del sistema financiero que otorgan créditos a micro y pequeñas empresas (mype) para facilitarles el acceso a los recursos financieros en un entorno de recuperación económica y encarecimiento del crédito. Durante el 2023, PROMYPE ha beneficiado a más 100,000 mypes a nivel nacional.
Cada financiamiento a otorgarse se realizará previa evaluación de riesgos, según normativa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
El Banco de la Nación tiene presencia en todo el territorio nacional y está enfocado en atender las demandas de operaciones bancarias solicitadas por las poblaciones ubicadas en diferentes zonas de la República, principalmente en aquellas que no existe oferta de servicios financieros del sector privado. Tal es así, que el 80% de sus canales de atención presenciales (agencias, cajeros automáticos y cajeros corresponsales) se encuentran ubicados en provincias.
Asimismo, otorga financiamiento a gobiernos locales y regionales, instituciones públicas y empresas del Estado, instituciones financieras de intermediación (IFIS) y a personas naturales como son trabajadores y pensionistas del sector público.
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