La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) decidió recientemente revocar la autorización de funcionamiento de Acceso Crediticio por una fuerte reducción en su patrimonio. Si bien la entidad que otorga créditos vehiculares ha quedado fuera del sistema financiero supervisado, esto no implica que deje operar.
Hay una diferencia en el tratamiento del regulador frente a entidades que captan dinero del público para sus operaciones y aquellas que colocan préstamos con recursos de terceros, dijo a Gestión José Luis Hidalgo, gerente general de Acceso Crediticio.
La intervención de Caja Raíz, que ofrecía cuentas de ahorro, implica un proceso de liquidación (cierre) para responder a sus depositantes; en contraste, Acceso puede seguir funcionando, aunque ya no bajo la supervisión del regulador, explicó.
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“Que recuperemos la autorización de la SBS, con la cual hemos operado por 15 años, es una posibilidad, pero no es un tema que hoy veamos como urgencia, lo que buscamos ahora es estabilizar la empresa en esta nueva normalidad”, manifestó.
Según el ejecutivo, la compañía estaba trabajando en un esquema de fortalecimiento patrimonial interno con sus financiadores (90% de los cuales son internacionales), pues por sus características no podían formar parte del programa de fortalecimiento del Gobierno.
¿Es posible seguir operaciones sin autorización de la SBS?
Pese a la revocación del permiso, Hidalgo sostuvo que continuarán otorgando préstamos pero bajo la Ley General de Sociedades. Asimismo, indicó que seguirá en pie su programa de fortalecimiento con el que se busca reducir el porcentaje de deuda y que los financiadores pasen a ser socios de la compañía, incrementando el patrimonio.
En este sentido, el gerente enfatizó la importancia del respaldo del regulador a las entidades microfinancieras pues estas son la última línea entre el sistema formal de bancarización e inclusión financiera, y la informalidad de los préstamos “gota a gota”.
Ahora que Acceso ya no está supervisada por la SBS, se regirá por estándares globales de gobierno corporativo y gestión de riesgo, los cuales serán verificados por auditorías, complementó.
Según Karina Chinguel, abogada senior de Vodanovic, la revocación de la licencia de Acceso Crediticio no supone la extinción de la compañía, sin embargo, este evento tiene dos implicancias sobre la entidad afectada. Primero, la empresa que pierde la autorización de funcionamiento ya no estará regulada por la normativa financiera ni estará bajo la supervisión de la SBS a partir de la notificación y, segundo, tiene un plazo de tres meses para poder cambiar su nombre, explicó.
En el caso de Acceso Crediticio, dentro de la denominación social, la entidad se nombró como “Empresa de crédito” cuando recibió la licencia del regulador y ahora deberá suprimir dicho término pues es exclusivo de las entidades de crédito autorizadas por la SBS, aunque podría conservar el nombre “Acceso Crediticio”, precisó. De no realizar la modificación, estaría incurriendo en una prohibición normativa expresa en la Ley General del Sistema Financiero, añadió.
La especialista enumeró que hay dos modalidades para que una empresa otorgue financiamiento con recursos propios, una es bajo la supervisión de la SBS y reciben la denominación de “Empresas de crédito” (ex EDPYME), y el otro mecanismo es bajo el registro en la SBS, en cuyo caso no necesita llevar esa denominación.
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¿Cuál es el mayor reto en adelante?
“El gran impacto que identificamos es sobre los clientes, una empresa supervisada por la SBS esta exenta del pago de IGV por los intereses generados con la colocación de créditos y, al quedar fuera, debemos cubrir ese gasto; estamos viendo cómo lo asumimos para que no los afecte”, refirió el gerente.
Indicó que entre los mecanismos a evaluar está la posibilidad de un cobro compartido entre la empresa y el solicitante de financiamiento, con ciertos incentivos como la cobertura total del pago de IGV por parte de la compañía si el deudor es buen pagador.
Comentó también que ya venían realizando algunos ajustes en las condiciones crediticias para mitigar el riesgo de impago pues el segmento que demanda financiamiento vehicular es vulnerable, como se observó durante la pandemia.
Por ejemplo, se está solicitando una cuota inicial mayor, si antes era de 5% del monto financiado, ahora es de 10%, mencionó. Además, se ha identificado que los taxistas con más antigüedad son más profesionales y representan menor riesgo, a diferencia de aquellos que son taxistas eventuales, agregó.
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Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.
