El incremento en el número de estafas a usuarios financieros –y peruanos en general–, especialmente con mecanismos que involucran la inteligencia artificial (IA), ha empujado a reconocer que esta tecnología representa una agravante en los delitos considerados en el código penal.
Así, las estafas que se realicen mediante la manipulación de la voz, imagen, audio o movimiento corporal de terceros con el uso de la IA o tecnologías análogas, que causen un perjuicio económico a la víctima, serán castigadas con pena privativa de la libertad de entre cuatro y ocho años, según una norma recientemente promulgada que modifica el código penal y la ley de delitos informáticos.
“La ley está aceptando que hay nuevos métodos de engaño que están afectando a los usuarios de servicios financieros. Lo que busca es cerrar este vacío legal que hasta ahora había, sobre todo por la capacidad de escalamiento masivo que tiene la IA actualmente”, manifestó a Gestión María del Carmen Yuta, socia de Vodanovic.
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Así, se observan casos de fraudes con simulación de voz, en los que el delincuente se hace pasar por un familiar para solicitar dinero, o por un ejecutivo de cuentas de alguna empresa para pedir transferencia de fondos u ofrecer un supuesto préstamo, aunque con la exigencia de una garantía a cambio. Pero todas estas operaciones resultan ser falsas, detalló la experta.
Agravante
Asimismo, son frecuentes los chatbot con voz e imagen que simulan ser de representantes de entidades financieras, fintech o empresas de préstamos, comentó.
Yuta advirtió también sobre formas de manipulación y engaño en las que se utiliza la IA para aparentar que personajes públicos, influencers o líderes de opinión ofrecen algún producto que conlleva alta rentabilidad, para lo cual el público debe abonar una cuota inicial o realizar transferencias que terminan en estafas.
“Han proliferado mucho últimamente y ahora, por el solo hecho de utilizar la IA, ya no se perseguirá como un fraude genérico sino como un agravante autónomo del delito”, acotó.
Álvaro Castro, socio de Damma Legal Advisors, precisó que la pena para delitos de estafa agravada ya estada definida con entre cuatro y ocho años de condena en el código penal, pero en concreto la norma reciente tipifica el uso de la IA en estos fraudes como una circunstancia agravante de la infracción.
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Penas más severas
“Al menos, desde el ámbito penal ya nos estamos alineando a los nuevos riesgos y nuevas formas de comisión de delitos, lo que va en línea con muchos países que se ajustan a la digitalización para poder cautelar los derechos de los usuarios en contextos de servicios financieros digitales, billeteras, banca por internet o aplicaciones móviles”, expresó, a su vez, Yuta.
En el ámbito penal es positivo porque busca castigar el uso de IA en contextos vinculados a delitos que la regulación y la legislación no toleran, añadió.
Sin embargo, enfatizó la urgencia de contar, adicionalmente, con un marco que regule los cuidados que se deben tener en el uso de la IA en servicios financieros.
La mencionada norma, que modifica también la ley de delitos informáticos, establece que el juez aumentará la pena privativa de libertad hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para cualquiera de los delitos previstos, si el facineroso emplea la inteligencia artificial o tecnologías similares o análogas.
Especialistas del sistema bancario señalan que, con ello, los delitos de fraude informático, préstamos extorsivos y suplantación de identidad serán castigados con más años de cárcel que los estipulados hasta antes de la entrada en vigor del referido dispositivo, siempre y cuando involucren el uso de la IA.
Frente a ciberdelincuencia con IA
La nueva ley puede tener buena intención para afrontar los casos de afectación que involucran la IA, pero técnicamente es poco analizada, sostuvo Álvaro Castro, de Damma Legal Advisors.
“Considero que es técnicamente incorrecto regular supuestos en función de tecnologías específicas. ¿Qué pasa si aparece una nueva tecnología que no sea IA?, ¿se va a modificar de nuevo el código penal para procurar ampliar estos agravantes?”, cuestionó.
“Desde el punto de vista técnico no estoy de acuerdo, debería ser un agravante por el uso general de tecnología, por ejemplo, sea IA o solo WhatsApp. Es cierto que la explotación del uso de la IA genera algunas preocupaciones, pero no deberían regularse con nombre propio”, afirmó.
Además, argumentó que para generar un desincentivo a un delito el delincuente debe asumir que la norma será aplicada, que será detectado, procesado y condenado, aunque, lamentablemente, la Fiscalía no está preparada para combatir este tipo de ciberdelincuencia.
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Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.
