La Comisión de Defensa del Congreso, en sesión realizada el último lunes 31 de marzo, aprobó un dictamen que amplía el uso del Bono del Buen Pagador (BBP), un subsidio del Fondo Mivivienda, para que también se utilice en la compra de inmuebles vía los fondos de vivienda militar y policial. La iniciativa legislativa, de Avanza País, ahora pasará al pleno para su votación final en el Congreso.
El BBP varía según el precio de la vivienda. El monto puede llegar a S/ 27,400, para viviendas de entre S/ 68,800 hasta los S/ 98,100. Y baja a S/ 7,800, para viviendas de entre S/ 244,600 hasta los S/ 362,100. Se entrega a cualquier persona, que no cuente con vivienda y califique a un crédito hipotecario con una entidad financiera. Este bono no reembolsable ayuda a reducir la cuota inicial, por lo que promueve el acceso a un crédito hipotecario, al disminuir las cuotas mensuales de pago.
Por su parte las instituciones militares y la policía cuentan con sus propios fondos de vivienda. Obtienen sus recursos vía descuentos en la remuneración mensual del personal que aún no cuente con vivienda propia (3%), además de un aporte del Estado (equivalente al 2% de la remuneración).
Estos fondos otorgan un préstamo al personal que lo solicite, sin la necesidad de que aporten una cuota inicial, y con una tasa de interés de entre 4% a 5%, menor a las tasas de interés en el mercado hipotecario, indicó Alfredo Llontop, jefe del Fondo de Vivienda de La Marina (Fovimar). Cabe anotar que la tasa de interés promedio de los créditos Mivivienda es de 9.5% anual.
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El bono ayudaría a reducir las cuotas de los créditos, por lo que una mayor cantidad de personal militar y policial podría acceder a un préstamo para una vivienda, subrayó Alfredo Llontop. “Nuestros fondos tienen un fin social, por lo que nuestro personal también debería tener acceso al bono”, remarcó.
Refirió que en el caso de Fovimar, el préstamo para la compra de vivienda promedia los S/ 240,000. En esos casos, correspondería un BBP de S/ 20,900, según la escala fijada por el Fondo Mivivienda.
Se estima que hay unos 160,000 aportantes a los fondos de vivienda policial y militar (Marina, FAP y Ejército). Alrededor del 60% de este personal potencialmente podría acceder a una vivienda y beneficiarse del bono, proyectó Llontop. “En el caso de la Marina, este año tenemos previsto entregar alrededor de 200 créditos para vivienda”, anotó.
Los bonos para viviendas de militares y policías sin presupuesto adicional
Sobre el financiamiento del bono destinado a la compra de viviendas de policías y militares, el dictamen aprobado en la Comisión de Defensa del Congreso, en su exposición de motivos, señala que los fondos saldrían de la partida ya presupuestada para este año del BBP, de S/ 538 millones.
Esto fue criticado por Manuel Balcázar, exDirector Nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda, quien refirió que se debió coordinar con el Ministerio de Economía para destinar una partida adicional con este fin.
“No hay ampliación de recursos; se estaría repartiendo de la misma torta, sobre los mismos fondos de subsidio de vivienda, para la policía y Fuerzas Armadas. Para aumentar el número de bonos se debería dar un aumento de recursos, para reducir la brecha del déficit habitacional”, subrayó.
También cuestionó que el dictamen no presente un estudio técnico-económico con un estimado sobre la cantidad de potenciales beneficiarios y el nivel de recursos que se requerirá.
“Al tener un estimado, sabrías la partida que necesitas para incrementar el presupuesto. Pero al no tener el monto, quiere decir que los fondos los sacarás del subsidio que se le da al ciudadano común, lo cual no termina siendo tan justo, sabiendo que los policías y militares tienen un fondo especial, con una tasa de interés preferencial”, sostuvo Balcázar.
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Por su parte Giancarlo Custodio, especialista en temas inmobiliarios del Estudio Monroy & Shimabukuro Abogados, sugirió que el alcance del bono sea focalizado, lo cual se podría precisar en el reglamento de la ley, de llegar a promulgarse.
“Se podrían definir condiciones, como el nivel económico, antigüedad de profesión, o por la zona de despliegue, para reconocer el riesgo al que están sometidos militares y policías. No es lo mismo un policía de escritorio en una comisaría, que alguien que está combatiendo en la zona de narcotráfico”, indicó.
Asimismo, agregó que este tipo de subsidios genera debates. “Por ejemplo, por qué sí para ellos y no para los maestros, los médicos, los bomberos, etcétera. Eso trae como consecuencia un criterio de priorización social. Uno podría preguntarse si lo que de verdad se quiere hacer es compensar a este grupo de profesionales o se está dando una normativa por consideraciones netamente políticas”, apuntó Custodio.
Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.
