La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), de la mano con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), aprobó la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los juegos y apuestas deportivas a distancia.
Según lo dispuesto por el regulador, la plataforma de apuestas deberá terminar la relación comercial iniciada con un cliente si este no se encuentra en la capacidad verificar su identidad.
El proceso de debida diligencia en el conocimiento del cliente implica la identificación de un beneficiario final, la validación de su información y un monitoreo durante las operaciones, subraya la norma.
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Una de las obligaciones de las empresas que reportan a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en materia de prevención de lavado de activos es conocer al cliente, sea directo o indirecto, a fin de determinar si registra esquemas vinculados a este delito, dijo Luis Miguel Garrido, asociado senior del Área Financiera y Corporativa de Rubio Leguía Normand.
Comúnmente, este beneficiario final es una persona, pero también puede ser un fideicomiso o una fundación, agregó.
Juan Antonio Llanos, especialista en el mercado de valores, detalló que esta verificación debe ser periódica e incluye información básica como nombres y apellidos, número de DNI, nacionalidad, estado civil, domicilio, ocupación, entre otros.
Asimismo, puntualizó que habrá un régimen reforzado de identificación para los clientes extranjeros o no residentes en el país, y las Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Respecto de cada operación, el sujeto obligado (plataforma de apuestas) debe identificar al beneficiario final en el momento de iniciar relaciones comerciales y a lo largo de ella, independientemente de la frecuencia con que realiza operaciones.
Umbral
Otro punto relevante es el establecimiento de un umbral para el registro de operaciones. Así, las plataformas de apuestas deberán llevar un reporte actualizado de las transacciones que igualen o superen los US$ 2,500.
También se incluyen aquí las operaciones que resulten ganadoras y el premio sea equivalente al monto antes mencionado.
“Hay una mayor presencia de casas de apuesta y, sobre todo, de canales electrónicos donde ofrecen estos juegos. La valla impuesta debe estar en línea con el tamaño que registra hoy este mercado en el país”, indicó Garrido.
Añadió que la superintendencia realiza un seguimiento del comportamiento de los usuarios y debe haber detectado este monto como un promedio en las operaciones con riesgo de lavado de activos.
La norma establece un plazo de 120 días para que las empresas de apuestas y juegos a distancia puedan implementar o adecuar sus sistemas de prevención de lavado de activos.
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Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.
