El mes pasado entró el vigor la nueva norma que regula a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) con el objetivo de prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Una de las nuevas disposiciones es que las compañías (plataformas de criptomonedas o exchange) recojan más información sobre sus clientes.
“Uno (como empresa proveedora de activos virtuales como el bitcoin) normalmente pide (para los nuevos ingresos) el nombre completo y el documento de identidad, pero también se solicita (ahora) información de la ocupación de la persona y de su centro de trabajo, por ejemplo. Eso facilita el conocimiento del usuario y prevenir el lavado de activos”, sostuvo Alberto Rocca, country manager de la plataforma de intercambio de criptomonedas Buda.
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Rocca explicó que estos mayores requerimientos aplican para operaciones mayores a US$ 1,000. Sin embargo, para el resto, que representa el grueso de las transacciones (aproximadamente el 90%) en la práctica no se está solicitando mucha más información.
Según el ejecutivo, la diferencia entre el antes y después de la nueva norma es que ahora existe mayor claridad con respecto a la información que se debe pedir al público.
Privacidad
“Los usuarios originales de los servicios de activos virtuales justamente defienden la privacidad. Por eso es que han preferido el mundo crypto antes que el sistema financiero tradicional. Entonces, esos clientes van a preferir contratar con una empresa que no les pida esa información (como una plataforma del extranjero no supervisada por el regulador local)”, señaló Álvaro Castro, socio de Damma Legal Advisors.
Para el abogado, el recoger información de los clientes supone el mayor reto para implementar el nuevo reglamento.
“Pasa por una decisión comercial, a quién están apuntando las exchange, si a los clientes especializados que no van a querer revelar información (por que lo que la empresa tendría que asentarse en el exterior), o si van a atender a la masa, al cliente retail no sofisticado (que sí va a brindar más fácilmente sus datos)”, remarcó Castro.
Consultado con respecto a una posible incomodidad de los clientes peruanos para brindar información, Rocca de Buda indicó que solo cuando la operación es mayor a US$ 1,000 sí se observa un efecto en las tasas de conversión (porcentaje de clientes que terminan de completar el registro de la cuenta).
“Se establece un umbral por encima de los US$ 1,000 (para pedir más información personal en los nuevos ingresos), y como en Perú los tickets todavía son pequeños, (en general) se mantiene cierta flexibilidad”, añadió el ejecutivo de Buda.
Rocca consideró además que los clientes en el mundo de criptoactivos no necesariamente buscan mayor privacidad, sino la protección de su patrimonio y de su capacidad adquisitiva, particularmente, ante los efectos de la inflación.
“Hemos visto generalmente que en el mercado peruano (incluso) se pide más información de la que dice la norma para las operaciones por debajo de los US$ 1,000″, añadió.
Auditoría
Los dos especialistas consultados para este artículo coincidieron en que los siguientes meses son clave. Un hito importante será la presentación de un informe de auditoría interna a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Además, se deberá presentar otro informe de auditoría interna sobre el documento remitido por el oficial de cumplimiento y el sistema de prevención de lavado de activos de la empresa en general, explicó Rocca de Buda.
Ambos informes, el del oficial de cumplimiento y el de auditoría interna, se deberán enviar a la UIF máximo en la quincena de febrero. Así, el indicador de cuántas exchange cumplieron (con el nuevo reglamento) y cuántas no se va a conocer a finales de ese mes, estimó.
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Régimen reforzado
“Si el cliente es una persona políticamente expuesta, como alguien que ejerce un cargo público, está sujeto a mayor análisis y las variables son más extensas”, apuntó Alberto Rocca de Buda. En esta categoría, de régimen reforzado, entran funcionarios públicos de alto rango, o personas que lideren una organización que “tienda a relacionarse” con los organismos estatales, explicó.
Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.
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