La implementación de los estándares de Basilea III fortalece al sistema financiero frente a riesgos sistémicos internos y externos.
Sin embargo, son requerimientos pensados para la gran banca, que posee espalda financiera suficiente para cumplir y sostener en el tiempo los porcentajes de capital mínimo solicitado, advierte Jorge Solis, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac).
“Estamos de acuerdo con los mecanismos que implementa el regulador, pero creemos que es posible revisarlos y definir una regulación prudencial, más flexible. De lo contrario podría terminar asfixiando a las microfinancieras de menor tamaño”, manifestó.
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Según el ejecutivo, los requerimientos de capital solicitados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) son incluso superiores a los expuestos en Basilea III, pues, por ejemplo, se adiciona un colchón de conservación de capital que no solicitan los estándares internacionales.
A la fecha, las microfinancieras cumplen, en promedio, con los montos mínimos de capital; empero, “consideramos que la aplicación de medidas regulatorias deberían ser proporcionales al tamaño de las entidades como sucede en otros países”, expresó.
Sostuvo que las cajas municipales son entidades solventes, cuentan con un ratio de capital promedio de 14%, superior al 12.5% solicitado en el horizonte al 2026, pese a ello, también han sido muy golpeadas en los últimos años, desde la pandemia, pasando por la convulsión social y el fenómeno climatológico.
“Además, un escenario de asfixia para las microfinancieras podría implicar que se vuelvan restrictivas en el otorgamiento de crédito, perjudicando el desarrollo de la banca minorista y retrasando la inclusión financiera”, acotó el ejecutivo.
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En tanto, Karina Chinguel, socia asociada senior de Vodanovic Legal, refiere que, en este contexto, resulta difícil que las entidades microfinancieras aseguren una continuidad en el cumplimiento de los nuevos requisitos mínimos.
Las proyecciones de crecimiento de la economía peruana son menores (menos de 2%) a las expectativas de inicios de año (más de 3%), lo cual impactará en el sistema financiero, especialmente en las microfinancieras, prevé.
Asimismo, Chinguel menciona que si las microfinancieras no cumplen, en los plazos legales establecidos, dichos mínimos de solvencia, podrían recibir sanciones como la restricción de operaciones o suspensión de la autorización para que realice determinadas actividades, también multas entre 10 UIT y 50 UIT, y la obligación de presentar a la SBS un plan de adecuación aprobado por el Directorio.
Por ello, resulta positivo que la Superintendencia haya decidido ampliar el plazo de cumplimiento de dichos requerimientos mínimos, tal cual, lo exige el estándar internacional de Basilea III, de marzo a setiembre de 2024.
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