Aunque el Congreso había aprobado en segunda votación la eliminación de los topes a las tasas de interés, un error en el conteo obligará a que el tema vuelva a votarse. Por ahora, la Ley 31143 –que los estableció desde el año 2021 para limitar las tasas que las entidades del sistema financiero pueden cobrar por los créditos– sigue vigente.
Diversas entidades técnicas, como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, han advertido que la imposición de topes afecta negativamente el acceso al crédito formal, especialmente entre los segmentos de menores ingresos y menor historial crediticio.
Jorge Delgado, presidente del consejo directivo de la Asociación Latinoamericana de Microfinanzas (ALAMI), señaló: “El Congreso aún está a tiempo de hacer lo correcto. Mantener estos topes va en contra de la inclusión financiera y expone a miles de personas al crédito informal y al crimen organizado”.
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Según el BCRP, a marzo del 2024, el tope de tasas de interés ya había generado la exclusión de 218.000 deudores del sistema financiero y había impedido que otros 325.000 deudores no bancarizados accedieran por primera vez al sistema formal.
El impacto ha sido especialmente fuerte en el sector de las microfinanzas, que atiende a prestatarios con menos historial crediticio y más dificultades para acceder a productos financieros tradicionales.
Por otro lado, los efectos de la norma incluyen un mayor uso del crédito informal. Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), publicado en octubre del año pasado, estimó que más de 600.000 hogares urbanos –equivalentes al 9,3% del total– recurrieron a prestamistas informales en el último año.
El mismo informe alertó que más de la mitad de los prestatarios informales paga tasas anualizadas superiores al 500%, y que los préstamos bajo la modalidad del ‘gota a gota’ superan el 1.400%. Estos esquemas no solo son significativamente más caros, sino también más riesgosos, por sus mecanismos de cobro violentos o extorsivos.
Según el IPE, el 16% de quienes accedieron a crédito informal reportó amenazas o represalias por parte del prestamista. Además, entre el 2021 y el 2023, las denuncias por extorsión crecieron en 360,6%, de acuerdo con datos de la Policía Nacional.
Finalmente, la permanencia de los topes también limita la capacidad del BCRP para transmitir con mayor efectividad su política monetaria. En un contexto de recuperación económica, ampliar el acceso al crédito formal resulta clave para reducir la exposición al crédito informal, dinamizar la actividad económica y dar oportunidades reales a quienes más lo necesitan.
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