
La reforma del sistema de pensiones, en vigor y reglamentada en setiembre, tendrá serias consecuencias para el fisco y ocasionará desequilibrios entre las generaciones, actual y venideras, de los trabajadores, ¿qué tan grande sería la brecha?
La creación de la pensión mínima, incluida en la Ley de Modernización del Sistema Previsional aprobada por el Congreso, sumada a una creciente tasa de envejecimiento poblacional, tendrá implicancias aún no calculadas por sus propulsores ni por el Ejecutivo, según la Universidad del Pacífico (UP)
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“A partir de la década de 2040, se observa una aceleración en el crecimiento del gasto (fiscal), impulsada por la masiva jubilación de afiliados que demandan apoyo estatal para alcanzar las pensiones mínimas garantizadas por dicha Ley”, sostiene en un informe.
La norma contempla que los afiliados de AFP accederán a una pensión mínima con garantía estatal, si cumplen con al menos 120 meses de aporte, en cuyo caso el monto de su jubilación será de S/ 300, importe que ascenderá a S/ 600 si la persona acumula como mínimo 240 meses de aporte al Sistema Privado de Pensiones.
Acorde con una mayor transferencia estatal para garantizar esa pensión mínima, la casa de estudios estima que el costo fiscal será relativamente bajo entre hoy y el 2040 (menor a S/ 1,000 millones anuales), aunque se incrementará de modo acelerado a partir de ese año. Así, el egreso fiscal casi se duplicará en el 2045 (S/ 1,800 millones) y escalará progresivamente a S/ 15,000 millones en el 2070.

Jóvenes
Como los recursos fiscales provienen de los contribuyentes, el informe advierte que las generaciones jóvenes y futuras de afiliados cargarán con el mayor peso relativo de la reforma, pues aportarán significativamente más de lo que recibirán en comparación con las generaciones actuales.
Si bien la investigación proyecta un mayor costo fiscal a raíz de la pensión mínima instaurada en la reforma, analistas consideran que el porcentaje de afiliados de AFP que en el futuro califiquen para recibirla será reducido si los “retiros extraordinarios” de fondos previsionales dispuestos por el Congreso continúan, escenario que anticipan los propios parlamentarios.
Enrique Díaz, presidente de la consultora MC&F e IFEL, explica que el mayor gasto proyectado por la UP está vinculado a dos factores estructurales. El primero es la tendencia secular del crecimiento de la población, con una consecuentemente expansión de la Población Económicamente Activa (PEA).
Lo segundo es la longevidad, pues la esperanza de vida tiende a aumentar a lo largo del tiempo, agrega.
“Creo que los dos factores (antes mencionados) van a jugar un rol trascendente para que el cálculo de la pensión mínima también aumente”, afirmó Díaz.
“Como la pirámide poblacional está creciendo (en el segmento de mayor edad), esto (el gasto previsional del Estado) va a ser mucho más en algún momento. Y puede alcanzar en veinte años una parte significativa del déficit fiscal (si se considera la pensión mínima en el SPP, pensiones en ONP y Pensión 65)”, estimó Jorge Guillén, docente de posgrado de Esan.
“La pirámide poblacional se hace cada vez más vieja, más invertida, más ancha hacia arriba”, añadió.

Pensiones bajas
Como potencialmente la UP prevé que los afiliados requieran masivamente del subsidio estatal al jubilarse, una parte considerable de estos acumulará fondos con los que solo accederían a pensiones bajas.
“Tal como han establecido (en la ley y el reglamento) va a existir un aporte del Estado para aquellas personas que de repente han estado desempleadas, o en la informalidad y no les alcanza (para algo mayor a la pensión mínima)”, sostiene Guillén.
Algunos afiliados, durante un tiempo de su vida laboral, aportan a su cuenta individual de capitalización. Pero luego pueden pasar a la informalidad o a trabajar de forma independiente, por lo que dejan de acumular ahorros en su AFP en esos años.
“Hoy las estadísticas dicen que la gente se descuida, que no aporta, pero no podemos estar seguros de que las generaciones que están entrando no tengan una preocupación distinta”, aclara Díaz.
Sin embargo, para cambiar los patrones de ahorro se requiere que el Gobierno tome acción, agrega.
“(Como Estado) tengo una necesidad de ver que la gente se preocupe un poquito más e intente ahorrar algo más. Para eso están los nuevos competidores, por ejemplo”, señala.
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SBS debe brindar más información
En el Perú, existe un acceso desigual a datos administrativos en pensiones, advierte la UP. Por un lado, la ONP es abierta y se actualiza regularmente. En cambio, la SBS no brinda acceso a la información del SPP a nivel individual, lo que no permite analizar el impacto de los retiros de fondos.
En tal sentido, la UP recomienda aprobar una ley que permita acceder a dicha información, sobre todo cuando se analicen reformas que involucren costos fiscales. Una ley similar la tiene Chile, que establece que la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y otras entidades están facultadas para acceder a la información administrativa asociada al ámbito previsional que posean otros organismos públicos.

Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.

Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.