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(AFP) Un experto en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) felicitó a Argentina por sus "leyes y políticas progresistas" a favor de la comunidad LGBT, pero alertó que persisten hechos de violencia institucional y de discriminación.
"Veo con gran beneplácito que exista una política nacional sobre diversidad sexual además de varios organismos estatales que cuentan con unidades específicas y/o personal especializado para abordar el tema", dijo al término de una visita a Agentina, según un comunicado del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
Vitit Muntarbhorn, experto en protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, elogió las leyes argentinas para proteger a las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexules y transexuales) contra la violencia y discriminación, la ley de identidad de género y la de matrimonio igualitario.
No obstante, señaló que "la violencia institucional se encuentra generalizada en la Argentina, históricamente muy arraigada en la sociedad y yace en el corazón del problema de la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género".
"La violencia institucional, mediante actos negativos y omisiones por parte de los funcionarios del Estado, resulta una causa raíz de la violencia y discriminación", sostuvo.
También dijo que si bien hay un marco legal de protección de la diversidad sexual, "existe un tema clave de implementación y aplicación en un contexto integral".
"La violencia y la discriminación son una preocupación importante en una serie de localidades. Los asesinatos, las agresiones, el acoso y otras transgresiones se cobran muchas víctimas entre las mujeres transgénero en particular", señaló.
En el 2010, Argentina fue el primer país de América Latina en aprobar una ley federal que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En el 2011, se aprobó la ley de Identidad de Género (2011) que permite a travestis y transexuales tener documento de identidad con el sexo autopercibido, y desde el 2012 una norma pena a cadena perpetua al hombre "que mate a una mujer o a una persona que se autoperciba con identidad de género femenino".