Los extranjeros que deseen trabajar legalmente en el Perú, cumpliendo con el pago de sus impuestos, deben cumplir una serie de requisitos establecidos en la nueva Ley y Reglamento de Migraciones para no incurrir en irregularidades y evitar algún tipo de sanción por parte de la Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones).
El primer paso que debe cumplir el ciudadano foráneo que ha arribado al Perú con la intención de trabajar es acudir a la oficina de la Migraciones, ubicada en la Av. España 734, Breña, para obtener un permiso especial que lo autorice a suscribir documentos, cuya tasa es de S/ 16, y que se obtiene en el día.
Este documento le permitirá al extranjero firmar un contrato de trabajo o servicios en nuestro país, el cual luego deberá ser validado ante el Ministerio de Trabajo. Con ese contrato, deberá retornar a Migraciones para solicitar una calidad migratoria, temporal o residente, que le permita trabajar en el país.
Este trámite puede tomar unos 30 días en promedio y cuesta S/ 117.60.
Si el extranjero va trabajar por solo unos meses, puede elegir la calidad migratoria de Trabajador Temporal o Designado Temporal.
Esta última es para los extranjeros enviados al Perú por un empleador foráneo para laborar en áreas especializadas por un periodo corto. La calidad migratoria temporal permite una permanencia de hasta 183 días, que pueden ser renovables.
Si el objetivo del foráneo es laborar por un periodo largo, puede optar por la calidad migratoria de Trabajador Residente o Designado Residente, que le permite una permanencia de 365 días, prorrogables.
Estas calidades migratorias permiten laborar de manera dependiente o independiente, en cualquiera de los regímenes laborales existentes. En el caso de la empresa contratante, debe estar activa y hábil ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
Migraciones recordó que la nueva ley y reglamento de migraciones simplifica y facilita los trámites para que los extranjeros cumplan actividades económicas en el Perú, sujetas al pago de impuestos; pero también contempla la fiscalización y control posterior de la documentación e información presentada y, en casos de irregularidades, se aplicarán las sanciones establecidas en la ley.