(G de Gestión) “Estamos dispuestos a invertir lo necesario”, dice Juan David Rodríguez, director de Tecnología de Claro Perú, sobre la posibilidad de que se licite próximamente el despliegue del 5G en el Perú. Su opinión resume el sentir de operadores y usuarios de telefonía celular, así como el del sector empresarial peruano que desea acortar la brecha tecnológica que padece frente a sus competidores internacionales.
Claro, Movistar y Entel tienen clientes con teléfonos capaces de usar tecnología 5G (2,4 millones solo en el caso de Claro), pero con servicios muy limitados debido a que el Perú todavía no da facilidades para que las empresas operadoras puedan brindar estas innovaciones a gran escala. Por ahora, solo tenemos ejemplos aislados como el puerto de Chancay, que será el terminal portuario más automatizado de Sudamérica gracias a la red de quinta generación.
Apetito por dar el salto tecnológico no falta. La transnacional Vertiv, que presta servicios a las operadoras de telecomunicaciones, está a la espera del crecimiento del sector. “Nos encontramos listos para colaborar con las operadoras de telecomunicaciones en el despliegue de las redes 5G y en el desarrollo del borde de la red”, asegura César López Salazar, gerente de Ventas de Telecomunicaciones para el Sur de Sudamérica en Vertiv.
En el organismo regulador de las telecomunicaciones, Osiptel, calculan que entre los años 2024 y 2027 la inversión total en el despliegue de redes y servicios públicos de telecomunicaciones podría ascender a S/ 22,330 millones, lo que se potenciaría si se permite la expansión del 5G. “Estamos hablando de gatillar inversiones sin precedentes, que seguro llevarán a nuevos esquemas de trabajo compartido entre las operadoras para poder atender la demanda por servicios que generarán las empresas”, sostiene Carlos Huamán Tomecich, director ejecutivo de DN Consultores.
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No hay infraestructura
La frecuencia del espectro radioeléctrico donde el mundo está desarrollando el 5G es la banda de 3.5 GHz. En el Perú, esa banda se ha asignado de forma muy desordenada por problemas administrativos y falta de normatividad. “Se espera que desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC] se impulse una legislación que se incluya en el pedido de facultades legislativas para avanzar más rápido en la reasignación de la banda y que las empresas puedan empezar a invertir en infraestructura”, manifiesta Huamán.
Virginia Nakagawa, exviceministra de Comunicaciones del MTC y socia sénior de Nakagawa Consultores Regulatorios, añade que se ha asignado toda la banda de 6 GHz para uso libre del wifi, “cuando se requiere la mitad para los servicios móviles internacionales [IMT]”.
Así como van las cosas, el dinero para esta tecnología seguirá detenido y el 2024 luce perdido. “No veo grandes inversiones en 5G este año. Probablemente el próximo”, dice Nakagawa.
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En la cancha del MTC
El MTC ha optado por solicitar al Congreso de la República la delegación de facultades legislativas para ordenar las bandas y que luego pueda asignarse espectro radioeléctrico de manera directa, a solicitud de las empresas operadoras, para el despliegue del 5G o superiores, ello sujeto al cumplimiento de obligaciones económicas destinadas al cierre de brechas de acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones en zonas rurales o de preferente interés social, explica la actual viceministra de Comunicaciones, Carla Sosa Vela.
La propuesta del MTC ha sido respaldada por las operadoras de telefonía en una sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Parlamento. Las empresas enfatizaron en que se requiere celeridad. La viceministra aclara que esta futura asignación de banda a cambio de expansión de cobertura no significa cancelar el proceso de licitación que Proinversión conduce, y que debería subastarse en junio del 2025.
En el MTC calculan que las operadoras invertirán por lo menos US$ 759 millones en la banda de 3.5 GHz y US$ 85.76 millones en la de 26 GHz, en tanto que el canon que dejarían al Estado, durante los 20 años de concesión con los que se trabaja, sería de S/ 2.752 millones para la primera de ellas, y de S/ 7,337 millones para la segunda. “Parte de esta recaudación se utilizaría en el mecanismo de canon por cobertura que obligará a las empresas a la instalación de al menos tecnología 4G en beneficio de 1.5 millones de peruanos que actualmente no acceden a esa cobertura”, precisa la viceministra.
“Ojalá todo ese proceso se termine a fin de este año o a comienzos del próximo. Sin nuevas bandas de espectro, solo se seguirá contando con 5G en el ámbito comercial, en pequeñas zonas y baja capacidad. El Perú requiere estar a la vanguardia tecnológica con el objetivo de ser competitivo a escala mundial, sobre todo en un contexto en el que la economía necesita acelerarse”, advierte López, de Vertiv.
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